• El analista Alberto Bonadona advierte que el nuevo sistema de pensiones perjudicaría a la mayoría de la población boliviana.

El proyecto de pensiones que fue elaborado por el Gobierno y consensuado con la Central Obrera Boliviana (COB) tiene observaciones por algunos sectores y también de analistas que afirman que la norma tendrá varios problemas en el futuro, advierten que el nuevo sistema de reparto podría ocasionar un proceso inflacionario en el país. La COB realiza hoy su ampliado en Cochabamba, donde se rechazará o se aceptará el proyecto de pensiones del Ejecutivo, sostuvo el secretario de Hacienda de la entidad matriz, Ramiro Condori, a tiempo de manifestar que aquellos sectores que están en contra la norma como es el caso de los profesores, que anunciaron una marcha, no participaron de las diferentes reuniones con el Gobierno. AFECTADOS Si bien la nueva Ley de Pensiones beneficiará algunos sectores que podrán recibir rentas mayores como la denominada “generación sandwich”, también perjudicaría a otros que no alcanzarían cobrar sus rentas. En criterio del analista económico y experto en pensiones, Alberto Bonadona, el proyecto de la norma de jubilación en el futuro traerá graves consecuencias para la economía del país, debido a que generará una cantidad considerable de jubilados de 56 años, quienes posiblemente determinen sacar sus rentas sin que necesiten del fondo solidario por la incertidumbre que podría ocasionar el cambio de sistema. Por lo que el analista advierte que el nuevo sistema de pensiones perjudicaría a la mayoría de la población boliviana. “En el registro de las AFPs y en la Autoridad de Pensiones se tiene como número de personas que podrían jubilarse a un próximo de 186 mil que van a exigirle al Gobierno, que sólo espera los 30 mil, que ponga en manos de la AFPs la compensación de cotizaciones y la mensualidad que tienen que pagarles, lo que está en torno a los mil millones de dólares”, sostuvo. Remarcó que este dinero mencionado equivale a todo el monto presupuestado por el Gobierno central, tomando en cuenta que el Ejecutivo prevé tener un déficit próximo a los mil millones de dólares. “Lo que querría decir que el del déficit fiscal del próximo año tendría que duplicarse no sólo de mil millones, sino el equivalente a dos mil millones, mitad de los cuales sólo sería para pagar a gran parte de los nuevos jubilados. Este monto y semejante cifra de déficit pueden desatar un proceso inflacionario muy serio”, enfatizó. En este sentido, no sólo perjudica a uno cuantos que no podrían recibir lo que están pidiendo ,sino al conjunto de la población boliviana, precisó el analista. FONDO SOLIDARIO El Gobierno sostiene que la renta solidaria favorecerá a los trabajadores con bajos ingresos mejorando sus rentas que actualmente se clasifican con la Ley 1732, además que reduce la edad de jubilación de 65 a 56 años de edad. De acuerdo a los requisitos para el fondo solidario la densidad mínima de aportes será de 10 años. Se tomarán en cuenta los aportes al sistema de reparto, vigente hasta abril de 1996, al sistema de capitalización individual de las AFPs y a los aportes realizados con posterioridad de la nueva Ley de Pensiones. FUENTES DE FINANCIAMIENTO La fracción solidaria tiene las siguientes fuentes de financiamiento: Aporte patronal de 3% sobre el total ganado mensual de todos los trabajadores del sector público y privado, aporte laboral de 0,5% sobre el total ganado mensual, el 20% de la recaudación de primas de riesgo, aporte solidario de trabajadores dependientes y personas naturales que tienen ingresos altos a partir de Bs 13 mil. En opinión de Bonadona, la forma en la que el Gobierno quiere manejar esta renta solidaria es muy complicada de financiar, porque incorpora una malversación. “La cosa debería ser muy sencilla, sin embargo, incorpora una malversación porque cobra para riesgo profesional y riesgo común y de ahí saca el dinero para el fondo solidario - creo que hay que reflexionar – y no el medio por ciento para sustentar la renta. Además este sistema es de muy corto plazo”, recalcó. Este mismo criterio fue anunciado por los empresarios privados que se sienten relegados por el Gobierno al no haber concertado en la elaboración de la norma.