Un subsidio alimenticio, becas educativas, acceso a empleo y acceso a vivienda social, entre los puntos de la propuesta.

Página Siete Digital

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, presentó este lunes un proyecto de ley que tiene por objeto "garantizar una protección integral" a niños y jóvenes en el contexto de la pandemia, con especial énfasis en aquellos que quedaron en situación de orfandad por la muerte de alguno o ambos progenitores por Covid-19. La propuesta incluye un subsidio alimenticio a menores de dos años, becas escolares y universitarias, acceso a empleo, acceso a vivienda social y proyectos de estabilidad laboral para quienes tengan la guarda o tutela legal de los menores. 

"Creemos que en este momento es urgente que la preocupación se traduzca en medidas estatales afirmativas para esta población", expresó Cruz, en rueda de prensa. "En este momento se pueden asumir medidas de protección reforzada con la institucionalidad que tiene el Estado y redirigiendo mejor los recursos humanos y financieros que se tiene desde municipios hasta el Estado central", agregó.  

La defensora manifestó que es importante y necesario que el Estado intervenga con medidas  reforzadas y afirmativas para garantizar  y asegurar el bienestar y el cuidado de esta población, más aún cuando se encuentran en un estado de desprotección y mayor vulnerabilidad por la pérdida de su padres o madres a causa de la Covid-19.

En detalle, el proyecto de ley incluye la creación del “subsidio de asistencia al desarrollo nutricional” que consiste en un paquete de productos alimenticios en especie —cada uno equivalente a 300 bolivianos— a niñas y niños hasta los dos años de edad; becas, apoyo y seguimiento pedagógico para garantizar la permanencia escolar; y que el Ministerio de la Presidencia dote equipos tecnológicos y material educativo. También se propone que las universidades públicas otorguen becas anuales de ingreso, apoyo académico, permanencia, trabajo y otras medidas vigentes hasta los 25 años de edad, según consta en un comunicado de la defensoría. 

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Igualmente, que las escuelas superiores de formación de maestros y maestras, escuelas superiores tecnológicas, institutos técnicos y tecnológicos (fiscales, de convenio y privados), universidades indígenas y privadas, puedan brindar, anualmente, hasta el 10% de las becas destinadas al ingreso, apoyo académico y permanencia, también hasta los 25 años de edad.

Se plantea que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social implemente planes y programas para la inserción laboral prioritaria para hijas e hijos jóvenes, hasta los 25 años de edad, cuyos padres o madres hayan fallecido por el coronavirus; asimismo, este beneficio alcanza a quienes estén, legalmente, a cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad hasta que éstos cumplan los 18 años.

Además, se propone garantizar la inamovilidad laboral, en el ámbito público y privado, para una de las personas responsables legales del cuidado de las y los huérfanos, hasta que éstos adquieran la mayoría de edad, siempre y cuando se cuenten con informes de evaluación y seguimiento idóneos sobre la convivencia y protección a esta población y que la o el beneficiario dé cumplimiento a las responsabilidades del cargo público o privado, y la normativa laboral y administrativa aplicable.

También se busca garantizar el acceso a una vivienda social para esta población afectada por la pérdida de sus padres o madres. La Defensoría del Pueblo propone que el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda implemente planes y programas de vivienda social digna y adecuada para este sector hasta que cumplan 25 años, con un enfoque infantocéntrico que garantice que la titularidad de las viviendas se consolide en su favor.  

Actualmente, no existe un registro oficial y se propone que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se haga cargo del mismo a través de una plataforma digital. Se estima que podrían existir 1.659 niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, a partir de un cálculo sobre la cantidad de decesos acumulados de mujeres entre 15 a 49 años por Covid-19, aplicando la tasa global de fecundidad en Bolivia que es de 2,9 nacimientos por cada mujer (de acuerdo a datos la EDSA 2016), empero, sólo es una cifra referencial.

En el proyecto de ley, si bien no está incorporado un bono económico (mensual, bimensual, anual o único) como lo hizo Perú, y lo analizan en Brasil, Argentina y Paraguay, la Defensoría del Pueblo considera que sí es necesario contar con uno, pero que debe ser analizado en términos de monto, beneficiarios y sostenibilidad por el Órgano Ejecutivo, considerando el interés superior del niño y la situación económica del país. 

Salud mental

Además de este apoyo a los jóvenes en situación de orfandad, el proyecto plantea que el Ministerio de Salud elabore y ejecute, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, lineamientos de atención de salud mental y medidas de promoción y prevención del cuidado de la salud mental de todos los niños y adolescentes del país.

"Con la pandemia y las medidas asumidas de confinamiento, distanciamiento social y cierre de escuelas se advierten graves afectaciones a nivel emocional y psicológico", destaca el comunicado de prensa. 

Asimismo, propone que el Ministerio de Salud elabore y ejecute un programa de promoción de hábitos alimentarios y nutritivos y fomento de la actividad física de niñas niños y adolescentes en el actual contexto de la pandemia, y en esa misma línea, se plantea contar con lineamientos para programas que garanticen el derecho al juego, como un elemento importante primordial para su desarrollo integral.

Frente a los altos registros de violencia a nivel psicológico, físico y sexual, se plantea que el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la Niña, Niño y Adolescente, en el que participan las Defensorías de la Niñez e Instancias Técnicas Departamentales de Política Social más conocidas como SEDEGES, emita lineamientos especializados y vinculantes para garantizar atención integral y especializada permanente de servicios y centros de protección y lineamientos de atención y para la prevención de violencia intrafamiliar y violencia digital en el contexto de pandemia, entre otros urgentes relacionados al contexto de pandemia.

Otro aspecto prioritario incorporado en la propuesta de Ley es la instalación de una línea gratuita de atención, a partir de la situación de confinamiento por la pandemia, que ha recluido en sus casas a la mayoría de las mujeres y niñas, niños y adolescentes. Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo el año pasado, demostró que en 56 Gobiernos Autónomos Municipales, solo el 9% de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia consultadas habilitaron línea gratuita para recepción de denuncias, un 7% habilitó sus páginas web y redes sociales para denuncias y 11% desarrollaron brigadas móviles, cifras bajas para servicios que han sido declarados prioritarios.