La Cámara de Diputados inició ayer el tratamiento del proyecto que elevará a rango de ley el Pacto de Bogotá de 1948, que permitirá a Bolivia plantear una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la cuestión marítima.

El presidente Evo Morales anunció el miércoles, durante el homenaje a la memoria de Eduardo Avaroa, que la lucha por la reivindicación marítima “ahora debe incluir otro elemento fundamental: el de acudir ante los tribunales y organismos internacionales, demandando en derecho y en justicia, una salida libre y soberana al océano Pacífico”. EL ANÁLISIS. El mencionado proyecto comenzó a tratarse ayer, y después de ser aprobado en sus tres estaciones, pasará a la Cámara de Senadores para su tratamiento. El titular de la Cámara Baja, Héctor Arce, dijo ayer que ese acuerdo internacional “abre la posibilidad para explorar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del Sistema de Naciones Unidas como una instancia a la cual, entre otras, el Estado boliviano podría recurrir”. En ocasión de emitir ese mensaje, Morales solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que “apruebe a la brevedad posible todos los tratados y convenios internacionales que nos posibiliten esta misión”. LA REACCIÓN CHILENA. Después de conocer las palabras del Primer Mandatario, el mismo miércoles por la tarde, el presidente chileno, Sebastián Piñera, se reunió con su canciller, Alfredo Moreno, y el ministro de Defensa, Andrés Allamand, según informó ayer el diario El Mercurio en su edición impresa. Las conclusiones de ese encuentro se tradujeron en la molestia de las autoridades trasandinas, que exteriorizaron sus sentimientos públicamente. El jefe de la diplomacia trasandina rechazó la posibilidad de continuar el diálogo bilateral mientras madura una demanda internacional sobre la causa marítima. “El camino hacia adelante está en manos del Gobierno boliviano, que debe determinar qué camino escoger. Uno no puede transitar por todos los caminos al mismo tiempo”. Moreno recibió ayer la visita de los integrantes de la comisión de Relaciones Internacionales del Senado de su país, cuyo presidente, Eugenio Tuma, desahució la continuidad al tratamiento de la agenda de 13 puntos en caso de que Bolivia persista en su afán de llevar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que depende de Naciones Unidas. “Si ellos intentan hacer presentaciones en cualquier tribunal, entonces vamos a tener que suspender las conversaciones, mesas de diálogo y los 13 puntos de avance que teníamos a nivel de cancilleres y distintas comisiones, y suspender también la relación que teníamos con el Congreso boliviano”. El senador centroizquierdista Hernán Larraín, quien se mostró partidario de apoyar la causa boliviana, sostuvo ayer que “Chile tiene voluntad de entendimiento y quien ha cambiado las reglas del juego hoy día es el presidente Evo Morales. Por tanto, más que tomar reacciones muy duras o enérgicas, lo que necesitamos es que Bolivia decida qué camino va a seguir”. Pacto firmado hace 53 años El Pacto de Bogotá, también conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, fue un tratado internacional suscrito el 30 de abril de 1948 por los países independientes de América reunidos en la IX Conferencia Panamericana en Bogotá, Colombia. El objetivo del tratado es imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos. También se les obliga a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Este pacto tiene en cuenta los diferentes medios de solución pacífica de conflictos, a saber, buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. Es uno de los tratados que confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. El tratado entró en vigencia el 6 de mayo de 1949 y se registró en la Organización de las Naciones Unidas siete días más tarde. Entre los 21 países signatarios del tratado, solamente 15 lo han ratificado posteriormente, ocho de ellos han presentado reservas y El Salvador presentó una denuncia sobre éste. Éste es el instrumento que el oficialismo pretende elevar a rango de ley para, si lo considerara pertinente, hacer efectiva la presentación de una demanda internacional contra Chile por la cuestión marítima, que ya lleva 132 años. El artículo observado El artículo VI, por el que Bolivia se reservó el derecho de ratificar el Tratado de Bogotá, señala que “tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos (los mecanismos de solución de conflictos) a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”. Esta disposición puede, en su caso, inviabilizar una demanda boliviana, pues entre La Paz y Santiago se suscribió, el 20 de octubre de 1904, el Tratado de Paz y Amistad, que determinó el fin de la Guerra del Pacífico. Bolivia hizo una reserva La delegación de Bolivia formuló una reserva al artículo VI, pues considera que los procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de las partes, cuando dicho arreglo afecta intereses vitales de un Estado signatario. Por esa razón, Bolivia no elevó este tratado internacional a rango de ley y no lo ratificó. La Asamblea Legislativa analizará ese tratado y lo sancionará para que el presidente Evo Morales lo promulgue. Mientras tanto, continúa en proceso la creación de la Dirección General de Reivindicación Marítima. Para destacar El Tratado de 1904 reconoce el derecho propietario de Chile sobre el departamento del Litoral. Bolivia admite que ese territorio será de dominio chileno a perpetuidad. Chile se obligó a construir el ferrocarril Arica-La Paz para permitir las exportaciones bolivianas. Debió entregar 300.000 libras esterlinas y conceder libre tránsito a Bolivia por esa zona. Un anterior Pacto de Tregua fue firmado entre Bolivia y Chile en 1884. El convenio bilateral suspendió las hostilidades de la guerra desatada el 14 de febrero de 1879. El Ejército se retiró de la contienda el 26 de mayo de 1880, por la derrota del Alto de la Alianza.