La Comisión Mixta de la Cámara del Senado aprobó en grande y en detalle el reglamento de preselección de candidatos al Poder Judicial, pero el defensor del Pueblo, Rolando Villena, advirtió de que el proceso es inconstitucional porque el proyecto se sustenta en algunos artículos de la Ley de Régimen Electoral, que vulneran los derechos ciudadanos de acceso a la información y de comunicación.

Villena explicó que la violación de los derechos establecidos en la Constitución se produce porque la norma que regula la elección de autoridades judiciales prohíbe al candidato y al elector expresar su opinión en torno a los comicios a través de los medios de comunicación; además, los órganos de prensa que generen espacios sobre los candidatos serán sancionados. “Sería bueno rescatar el espíritu de conceder igualdad de oportunidades a todos los postulantes, y en lo que se refiere a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental en democracia, puede quedar resentida si no se incorpora el derecho a la comunicación que tienen los ciudadanos”, opinó el Defensor del Pueblo, que ayer se reunió con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, para intercambiar criterios sobre la seguridad ciudadana. El proyecto, aprobado en la Cámara Alta, también fue cuestionado por el senador Germán Antelo, de PPB-CN, porque prohíbe la participación de los abogados que hayan defendido a alguno de los implicados en el caso de separatismo. Además, criticó a la mayoría oficialista por aprobar el proyecto de reglamento que irá al plenario del Senado, sin que se hubiesen tomado en cuenta las propuestas de sectores sociales y de la bancada de oposición, a fin de mantener el control absoluto en el proceso de selección de los aspirantes a autoridades judiciales. El sistema de elección también fue cuestionado por el Colegio de Abogados de Bolivia, que planteó formar parte de la comisión especial evaluadora y que se realice un examen de competencia en el que se identifique al postulante con un códigos de barra para evitar el favoritismo político. Al respecto, el diputado masista Franklin Garvizu rechazó esas críticas y afirmó que el reglamento de preselección está enmarcado en la Constitución y descartó que el hecho de tener mayoría en la Asamblea quiera decir que los preseleccionados sean afines al MAS, sino que en ese proceso también participarán los opositores. Según Garvizu, la prohibición para hacer campaña busca evitar la politización del proceso judicial.