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Bolivia tiene esta deuda histórica desde 2004

2022-12-27

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La Razón

El país aún no cuenta con una Ley Integral de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

A la fecha, y a pesar de los compromisos asumidos internacionalmente, el Estado Plurinacional de Bolivia no cuenta con una Ley Integral de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, siendo esta una deuda pendiente con su población en general, explica Martín Vidaurre, coordinador de Políticas de Ipas Bolivia, abogado que tiene 16 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, con énfasis en los derechos sexuales y derechos reproductivos, población LGBTIQ+ y contra la violencia de género.

—¿Cuál es la urgencia de una Ley Integral sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos?

—Bolivia tiene esta deuda histórica desde 2004. Es un tema que requiere una atención muy especial para que la población cuente con la garantía de que se respeten sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Hay muchos derechos que todavía se ponen en cuestión: hay que detener las injerencias arbitrarias sobre otros cuerpos y evitar vulneraciones. No es posible que en Bolivia no haya ciertas atenciones diferenciadas, ajustes razonables para que se pueda atender a la población en general y también a aquellas con algunas particularidades, como la población con diversa orientación sexual e identidad de género, personas con discapacidad y personas privadas de libertad.

—¿Todavía es un tabú el abordaje legal de estos temas?

—En la población hay un desconocimiento sobre cuáles son los derechos sexuales y derechos reproductivos, lo cual es muy alarmante. El machismo, el patriarcado tienen incidencia en temas como los métodos anticonceptivos, o si se quiere o no se quiere tener hijos. Todavía hay mucha presión social, se cuestionan permanentemente los derechos reproductivos y las decisiones de las personas.

—La Constitución es la primera en garantizar estos derechos.

¿Cómo darle seguimiento? —Es importante recordar cómo sale el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, que determina que se garantizan los derechos sexuales y derechos reproductivos de todos, todas y todes. Es producto de un proceso de construcción de una Asamblea Constituyente. Es el mismo pueblo el que ha pedido que esto esté plasmado por una necesidad existente. Como toda Constitución, ofrece lineamientos jurídicos o mandatos constitucionales que dicen que algo está garantizado, pero se debe aterrizar en una norma para que efectivamente esta garantía se plasme en una realidad.

—¿Qué temáticas debe abarcar esta nueva legislación?

—Debemos contar con una norma integral que garantice, por un lado, los derechos sexuales: derechos a la libertad y autodeterminación sexual, a una vida libre de violencia sexual, a la salud sexual, a decidir la identidad de género y a manifestar libremente la orientación sexual. Asimismo, debe garantizar los derechos reproductivos: a la libertad reproductiva, a la salud reproductiva, al acceso a métodos anticonceptivos modernos, al parto intercultural y humanizado y a una vida libre de violencia reproductiva.

—Aparte de la Constitución, ¿hay alguna norma que ya haya adelantado este trabajo?

—No, pero sí hay un antecedente muy importante: la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014, que modifica el artículo 266 sobre el aborto impune. Esto no es nuevo, ya en 1970 había un aborto impune. Sin embargo, para ello se requería una orden judicial e iniciar un proceso penal. Con la mencionada sentencia se ha desjudicializado el hacer esta solicitud y por fin se le da a la adolescente, a la mujer, la posibilidad de tomar una decisión libre sobre si quiere o no interrumpir un embarazo; antes era una tercera persona la que lo decidía, un juez. Más allá de esto, exhortó al Órgano Legislativo la formulación de normas que “garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos conforme a lo establecido en el art. 66 de la CPE, y que las mismas coadyuven a resolver los abortos clandestinos”; sin que hasta la fecha se hubiera cumplido. Es un tema de incumplimiento de deberes por parte de la Asamblea.

—¿Cuál ha sido la postura internacional ante la ausencia de estos lineamientos en el país?

—Entre las gestiones 2019 al 2022, diferentes Comités de la Organización de las Naciones Unidas han recomendado al Estado boliviano, de manera permanente, la aprobación de “una ley integral de derechos sexuales y reproductivos e implementar un plan nacional de salud sexual y reproductiva con metas, indicadores, sistema de monitoreo y recursos técnicos y económicos suficientes”; “redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso efectivo y oportuno de las mujeres y niñas a la interrupción legal del embarazo, y revisar los efectos del marco normativo para evitar que las mujeres recurran a abortos clandestinos que pongan en riesgo su vida y su salud”; “revisar la legislación penal que prohíbe el aborto a fin de hacerla compatible con los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a la vida y a la salud física y mental, así como ampliar los supuestos en los que el aborto es legal, al mismo tiempo que eliminar los requisitos restrictivos que limitan el acceso al aborto”, “garantizar que las mujeres que recurran a esta práctica no sean consideradas penalmente responsables y a asegurar la difusión y disponibilidad de información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad para todas las mujeres y las adolescentes, especialmente en las zonas rurales remotas”, entre otras.

—¿Cuál tendría que ser el alcance de esta ley?

—Esta norma debe incluir políticas públicas de corresponsabilidad entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas que contemplen un sistema nacional de salud, que incorpore servicios de salud sexual y salud reproductiva, un plan nacional de salud sexual reproductiva, educación integral para la sexualidad y la reproducción; atención especializada para adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas con diversa orientación sexual e identidad de género, personas adultas mayores y personas privadas de libertad. Y no se puede dejar a un lado la atención prioritaria y especializada a víctimas de violencia sexual y el derecho a la interrupción del embarazo.

—¿Existen avances en la formulación de esta ley?

—Sí. Se está trabajando entre sociedad civil y Estado para que efectivamente se cuente con la misma. En lo que se va trabajando efectivamente se notan las voluntades políticas, que van y ven más allá del color político, al menos es lo que puedo percibir y creo que así debería ser. Los derechos sexuales y derechos productivos, así como ningún derecho humano, no deberían ser un tema de abanderamiento de un partido político; es más bien una necesidad, más que eso, una obligación por parte del Estado, en todos sus niveles, empezar a trabajar en estos.

Martín Vidaurre Organismos internacionales han recomendado a Bolivia la aprobación de una norma referida a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, con énfasis en el tratamiento de la violencia sexual y de la interrupción del embarazo.