El exasesor del presidente Evo Morales, Eusebio Gironda, fue marginado de las elecciones judiciales, tras demostrarse que avaló la enajenación de bienes públicos. El exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y otros 14 aspirantes corrieron la misma suerte.

Fotocopias legalizadas de los decretos supremos 23358 y 23443 y un original del Decreto 23417, aprobados entre 1992 y 1993 —durante el gobierno de Jaime Paz—, mostraron que Gironda participó, en su calidad de ministro de Trabajo, en la transferencia a manos privadas de la planta de quinua Piquin, de la fábrica procesadora de alimentos balanceados Albat y de la fábrica de vidrios Fanviplan. El exdiputado de Unidad Nacional (UN) Arturo Murillo presentó la impugnación contra el exasesor presidencial, que postulaba al Tribunal Supremo de Justicia. Los miembros de la Comisión Mixta de Justicia revisaron la documentación del caso ayer y dieron curso a la impugnación, previa presentación de los documentos respaldatorios. La presidenta de la comisión mixta, la senadora masista Sandra Soriano, explicó que la decisión se ampara en el artículo 6, requisitos específicos, del reglamento de preselección de candidatos a las elecciones judiciales. El requisito en cuestión refiere que los aspirantes no deben “haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional”. Elizabeth Reyes, diputada de UN, consideró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no contó “con que uno de sus asesores iba a ser impugnado con sus propias reglas”. Albarracín también fue inhabilitado en aplicación, según la decisión de los legisladores, del artículo 9 de la Ley del Defensor del Pueblo que prevé: “El Defensor del Pueblo no podrá postular a cargos electivos durante los cinco años posteriores al cierre de sus funciones”. El afectado consideró política la decisión, porque recordó que no se hizo esa objeción cuando se postuló a la reelección el 2010. En el resto de los 14 inhabilitados figuran Mauricio Zuna, hermano del vocal electoral Irineo Zuna, por constatarse su militancia en el MNR y el MAS, mientras tanto dejaron para una decisión próxima la situación de los aspirantes William Tórrez, presidente de la Corte de Distrito de Santa Cruz, y de Gonzalo Valenzuela, exfiscal. La diputada opositora Norma Piérola reveló un video en el que se observa a Tórrez reunido con diputados y dirigentes del oficialismo. Valenzuela es acusado de ejercer funciones públicas en dictadura. Soriano indicó que hoy se presentará la lista de postulantes habilitados e inhabilitados al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura. Los candidatos habilitados para estas instancias, como para los tribunales Constitucional y Agroambiental, pasarán a la etapa de entrevistas y luego a la votación para elegir a 125 postulantes. Habilitan a magistrados El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Teófilo Tarquino, y el presidente del Tribunal Constitucional, Fausto Lanchipa, fueron habilitados y siguen en carrera para ocupar un cargo en el Tribunal Constitucional. Los miembros de la Comisión Mixta de Constitución concluyeron con la revisión de impugnaciones a los postulantes Fueron habilitados 57 aspirantes para el control constitucional y 51 para el Tribunal Agroambiental, informó el senador del MAS Eugenio Rojas. Los habilitados pasarán a la etapa de entrevistas en el plenario legislativo, que deberá elegir a 125 postulantes para 56 cargos en las máximas instancias judiciales de Bolivia. Las elecciones fueron programadas para el 16 de octubre.