Las denuncias llegaron de todo el país. El informe del Viceministerio de Descolonización revela además que se presentan más casos en las instituciones públicas.

De 92 casos de racismo y discriminación que fueron denunciados hasta la fecha, ocho ya fueron remitidos al Ministerio Público, debido a la gravedad de los hechos, según establece la Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Mario Machicado, encargado de la Dirección General de Lucha Contra el Racismo (DGLCR), dependiente del Viceministerio de Descolonización, explicó que un equipo jurídico hace el seguimiento de esos casos. El origen y las características de estas denuncias son parte de un diagnóstico técnico que realiza la Dirección de antirracismo. No obstante, la autoridad admitió que se tropieza con algunos problemas, entre ellos, que no existen juzgados especializados para procesar esos casos. “Debe crearse una instancia específica para que pueda tratar estos casos, no se cuenta con una instancia en los estrados judiciales que los trate de manera directa. Entonces, son tareas pendientes para seguir trabajando y materializar todo lo que está en la ley 045”, explicó Machicado. Sin embargo, destacó que la norma ha permitido que la discriminación abierta ha disminuido, ya que la ciudadanía es “más cauta” en su comportamiento y en la forma de expresarse sobre sus semejantes puesto que hay mayor conciencia de que existe un mecanismo coercitivo en caso de que se vulnere la norma. El artículo 23 de la Ley antirracismo señala, que según el Código Penal, el acto racista será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete años y el de discriminación con uno a cinco años; además, el castigo penal se agrava cuando el hecho es cometido por un servidor público o se hace uso de la violencia. Datos y cifras De acuerdo a datos de la Dirección antirracismo, en 2009 se registraron 13 denuncias; en 2010: 19 y en 2011: 92 casos. Si se hace un contraste entre las instituciones públicas y privadas, de los 124 casos en los tres años, el 56 % se registraron en el ámbito público y el 44 % en instituciones privadas (similar a la gestión 2011); “lo que es una llamada de atención a la administración pública”, señala el informe de esa dirección estatal. De las denuncias presentadas en esta gestión, 75 provienen del área urbana y 17 del rural (ver infografía). “Cuando se da un acto de racismo o discriminación en una entidad pública o privada, la denuncia debe ser presentada en la misma entidad; el denunciante debe pasar una copia a nuestras oficinas para el registro y seguimiento. En algunos casos, esta dirección recibe las denuncias”. Machicado explicó que tras una evaluación y según la magnitud del hecho, la instancia a su cargo, deriva el caso al Ministerio Público para que actúe de oficio; en denuncias leves o de baja magnitud, se pide un informe a la entidad donde se registró el acto racista o discriminador. “Sus autoridades, a través de los reglamentos internos de funcionamiento de carácter personal o disciplinario, deben dar sanciones”, que pueden ir desde llamadas de atención, suspensiones y descuentos. Motivos frecuentes Las razones o motivos más frecuentes por las que las personas presentan sus denuncias ante la DGLCR son los siguientes: La mayor parte (17 %) es por una agresión verbal discriminatoria (es decir insultos, abusos y otros); la discriminación por ser mujer (11 %) y suman el 17 % la discriminación cultural y racismo por pertenencia indígena. El resto son por discriminación en la apariencia física, edad, ocupación, discapacidad, condición social, vestimenta y maltrato. Cabe aclarar que de los 92 casos registrados hasta la fecha, 11 fueron desestimados porque en el análisis de los hechos se pudo determinar que los casos tenían que ver con despidos laborales y otras causas.