La nueva norma sancionará también a las personas que apoyen a grupos separatistas

La aprobación de la reforma al Código Penal o nueva Ley Contra el Terrorismo será promulgada en las próximas horas, en medio de una polémica entre sectores de la oposición que la califican de nueva forma de persecución, mientras representantes del oficialismo aseguran que es una adecuación necesaria contra el delito. La senadora Gabriela Montaño (MAS) aseguró que la nueva norma sólo busca adecuar las leyes bolivianas con las vigentes en el contexto internacional. “Estas leyes fueron aprobadas después de varios años que estuvo en agenda. Todas las reformas están avaladas por acuerdos internacionales y, de ninguna manera, es una nueva forma de perseguir a la oposición, como quieren hacer ver”. La asambleísta aseguró que la nueva regla también se refiere a los delitos económicos, según la normatividad internacional. Sin embargo, el senador opositor Róger Pinto dijo que la reforma sólo busca perseguir a los dos gobernadores que no pudo derrocar el MAS, Rubén Costas, de Santa Cruz, y Ernesto Suárez Sattori, del Beni. “El MAS hace leyes a su medida. Se dio cuenta de que el caso de terrorismo no tenía ningún sustento jurídico y decidieron crear un nuevo tipo de delitos para incluir en la investigación a Costas y Suárez Sattori”. Refirió que es un proyecto aprobado en forma acelerada, pues obvió una gran parte del procedimiento de la Asamblea. La reforma al Código Penal fue presentada y defendida por el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, quien sostuvo que el financiamiento al terrorismo es una nueva forma asumida por el delito internacional. Al promulgarse la ley, Bolivia cumplirá las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional del Sur (Gafisud), de acuerdo con los oficialistas. 30 años de prisión sin derecho a indulto para las personas que promuevan el separatismo. Se Modifican los artículos 133 y 185 del código penaL EN VIGENCIA y se incorpora el artículo 133 bis sobre Financiamiento al Terrorismo, que sanciona a todo aquel que de manera deliberada, directa o indirectamente, provea o gestione recursos o derechos con la intención de que se utilicen en actividades terroristas o separatistas con presidio de 15 a 20 años y la confiscación de los bienes utilizados para tal efecto.