La Unión Nacional de Víctimas de las dictaduras, una institución que agrupa a aproximadamente 2.600 personas, reclamó ayer al Ministerio de Justicia que se agilice el pago de resarcimientos, en el marco de la Ley 2640

“Nos hemos trasladado de Cochabamba y también están los de La Paz para hacer un acto de protesta por el incumplimiento de la Ley 2640 (de resarcimiento). El Ministerio de Justicia, desde el 2007, no puede llevar a cabo el cumplimiento; por eso hemos tenido que soportar una serie de engaños, no nos escuchan, éste es el método de actuar para que nos escuchen”, dijo Gilberto Mamani, presidente de la Unión de Víctimas de Violencia Política de Cochabamba, en declaraciones a la ANF. A la fecha, según el dirigente, se emitieron resoluciones para resarcir a 1.653 víctimas. “Ahora lo que corresponde es efectivizar la cancelación de los resarcimientos”, señaló. Además, piden definir cuál es la modalidad de monetización, cómo se califica y cuándo se va a producir. La Ley 2640, de Resarcimiento Excepcional a víctimas de la violencia política en períodos inconstitucionales, establece resarcir los afectados entre el 4 de noviembre de 1964 a 1982