El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, renunció a su cargo en medio de contradicciones sobre quién autorizó el operativo policial contra la marcha indígena y sobre qué sustento legal fue ejecutado. Distintos sectores exigían su renuncia porque lo responsabilizaban de la violencia.

Llorenti informó la noche de ayer sobre su dimisión en una breve conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. Expuso como motivos el no querer constituirse en un instrumento de la derecha para socavar el proceso de cambio y el de defenderse en el llano de los procesos judiciales que planteó la oposición en su contra. “No abandono el barco porque creo que se está hundiendo, sino todo lo contrario. Doy un paso al costado con el único afán de que el proceso revolucionario avance con mayor rapidez”, explicó Llorenti. La autoridad dejó el cargo en medio de contradicciones sobre los hechos que rodearon a la intervención policial del domingo a la marcha indígena. Un día después de los hechos de violencia, el entonces ministro sostuvo que el operativo contaba con un requerimiento de la Fiscalía. La afirmación de la autoridad fue rechazada el mismo día por el fiscal del caso, Edwin Sarmiento, quien aseguró que no ordenó ninguna intervención. El fiscal general, Mario Uribe, señaló que tampoco emitió orden de intervención alguna, aunque indicó que solicitó a la Policía prevenir y resguardar el orden público en la zona de los conflictos. Llorenti rehuyó responder consultas periodísticas sobre qué autoridad del Ejecutivo requirió la autorización fiscal para el accionar policial. Una nueva contradicción surgió ayer, ya que tras responsabilizar al también renunciante exviceministro de Gobierno, Marcos Farfán, por los hechos de violencia, éste salió al frente negando la acusación. “Expreso mi desacuerdo pleno con la forma en que se procedió a la intervención de la marcha indígena en Yucumo, que ha respondido a una decisión operativa y no así, proveniente del Órgano Ejecutivo y ni de mi persona como parte del mismo”, afirmó Farfán en parte de la misiva de renuncia presentada a Llorenti. El exministro insistió en que no se alejará del “proceso de cambio” y que defenderá a Morales de las acusaciones que lanzan actores políticos de la oposición a raíz de los sucesos de violencia de Yucumo. El domingo, un contingente de al menos 500 policías participó del operativo de intervención al campamento indígena. Imágenes de televisión muestran que los uniformados ejercieron violencia contra los marchistas, ya que los golpearon, taparon la boca y los maniataron con cinta adhesiva. Mujeres y niños no escaparon al violento accionar policial. Rechazo. La Central Obrera Boliviana (COB), las centrales obreras de Oruro y Potosí, maestros urbanos de La Paz, universitarios de la UMSA, el senador Eduardo Maldonado (MAS), cívicos de Beni y San Borja, entre otros actores sociales e institucionales, exigieron la renuncia de Llorenti. La diputada Emiliana Aiza (MAS) reconoció que Llorenti cayó en contradicciones. “Está bien que renunció. No es bueno hablar una cosa un día y al día siguiente contar otra versión ante los medios”, cuestionó. El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, presentó una demanda penal en contra de Llorenti por supuestamente haber incurrido en ocho figuras delictivas en la intervención. La denuncia presentada al Ministerio Público es por la comisión de delitos como genocidio, desaparición forzada de personas, privación de libertad, vejación, tortura, allanamiento ilegal de vivienda y violación del Código Niño, Niña y Adolescente. El exdignatario afirmó que asumirá defensa legal de las acusaciones. La exministra de Defensa, María Cecilia Chacón, fue la primera en renunciar al cargo tras hacerse pública la violencia ejercida contra la marcha que rechazaba la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, ya que uno de sus tramos pasa por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El dirigente del Conamaq, Felipe Quispe, afirmó que también deben renunciar el canciller David Choquehuanca y los ministros Carlos Romero y Wálter Delgadillo. El diputado indígena Pedro Nuni expresó que “fue un pedido clamoroso” la renuncia de Llorenti, por ser el responsable de la intervención. Posición tras las denuncias Ernesto Suárez, Gobernador del Beni. “La renuncia de Sacha Llorenti no quiere decir que se detengan los procesos por los abusos contra los indígenas y la violación a los derechos humanos. Las investigaciones deben seguir y dar con los responsables”. Róger Pinto, senador opositor “Sacha Llorenti se constituyó en el instrumento del mal. Este señor tenía los días contados en el gabinete del presidente Evo Morales, ya que él fue el causante de los mayores problemas que tiene el país y del ataque a indígenas”. Paso de DDHH al Ministerio Sacha Sergio Llorenti Soliz es cochabambino y egresó del colegio La Salle. La exautoridad se desempeñó por más de dos décadas como activista de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y, en el anterior gabinete de Evo Morales, ocupó el cargo de viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, luego de rechazar la invitación del Mandatario para ser embajador de Bolivia en Estados Unidos. Desde enero del 2010 ocupó el cargo de Ministro de Gobierno. En esa oportunidad, prometió que dignificaría el trabajo de la Policía Boliviana. En mayo del 2010 lo responsabilizaron de la intervención al bloqueo caminero en Caranavi, con el saldo de dos personas fallecidas tras los enfrentamientos entre comunarios y uniformados. En julio del 2010, los familiares de cuatro policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), asesinados en los ayllus de Uncía, en el norte de Potosí, presentaron una querella penal contra Llorenti. Dejó el cargo de ministro ayer, tras los hechos de violencia policial en contra de la marcha indígena en Yucumo. El presidente Evo Morales destacó la gestión de la exautoridad y anunció que aportará al proceso desde otra responsabilidad