La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) salió ayer en una multitudinaria marcha, exigiendo respeto a los derechos humanos de los indígenas, que fueron reprimidos violentamente en Yucumo por efectivos policiales.

Estudiantes de todas las carreras de las facultades, más el plantel docente y sindicatos de la UMSA protagonizaron ayer una masiva movilización en rechazo a los actos violentos contra los marchistas indígenas que defienden el Territorio Nacional y Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) por parte de efectivos policiales, ocurridos el pasado domingo 25 de septiembre. “Después de los acontecimientos del pasado domingo, la UMSA está en las calles para decirles a los bolivianos que no aceptamos la violencia, por lo que solicitamos garantías constitucionales y el respeto a los derechos humanos. Yo soy madre y soy mujer, y realmente con mucho dolor he observado lo que ha ocurrido”, expresó la rectora de esta casa de estudios superiores, Teresa Rescala. Asimismo, indicó que desde que inició el conflicto de la construcción de la carretera que dividirá al TIPNIS, la UMSA determinó después de un congreso realizar foros y debates con la finalidad de encontrar alguna solución, el mismo que contó con la participación de profesionales, sin embargo nada de ello fue tomado en cuenta por las autoridades. La multitudinaria marcha recorrió las principales calles y avenidas de la Sede de Gobierno hasta llegar a inmediaciones de la plaza Murillo, donde lanzaron estribillos recriminando la actitud del primer mandatario, Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, tales como “Evo, Linera deja la motosierra” o “rojo, amarillo y TIPNIS”. Un pronunciamiento de la UMSA publicado en los medios escritos indica que la posición como Universidad Mayor de San Andrés “siempre ha estado contra toda forma de intervención violenta para resolver el conflicto socio ambiental del TIPNIS. Por eso, censuramos y elevamos nuestra radical protesta contra la violenta intervención a los marchistas en la región amazónica de Yucumo, contraviniendo a los principios elementales de los derechos humanos y a la propia Constitución Política del Estado, donde se consagra la autodeterminación de los pueblos indígena originario y campesino, con respecto a la libre utilización de su tierra y territorio”.