El proyecto de ley “Contra el Acoso y la Violencia Política en razón de Género” establece la pérdida de mandato para aquellas autoridades, dirigentes, representantes de partidos políticos o agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas que acosen o violenten políticamente en contra de las mujeres.

La norma fue presentada en días pasados por la ministra de Culturas, Elizabeth Salguero y otras autoridades y representantes mujeres de organizaciones sociales al presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), y tiene el objetivo de proteger, defender y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres candidatas, electas y en el ejercicio de funciones. El numeral 1 del artículo 10 de esta norma señala a la letra: “Las sanciones al autor o autores de los actos de acoso y violencia política señalados precedentemente en contra de candidatas, electas y en ejercicio, se aplicarán conforme a la presente ley y comprenden, desde la suspensión temporal del mandato hasta la pérdida del mismo. En los casos en que los actos de acoso y violencia política constituyan delitos serán remitidos a la vía penal”. La ley define acoso político como los actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una o varias personas o a través de terceros en contra de mujeres candidatas, electas y en ejercicio o de su familia, que impidan el cumplimiento de sus funciones. Violencia política es definida como las acciones, conductas o agresiones que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de mujeres candidatas, electas y en ejercicio o de su familia, que impidan el cumplimiento de sus funciones, cometida por una o varias personas o a través de terceros. La norma, que también alcanza a servidores públicos y personas particulares y jurídicas que atenten contra las mujeres, establece además la “prohibición” de conciliación en los casos de acoso y violencia política a las mujeres. Se establece además un artículo en el que se obliga a los servidores/as públicos/as a denunciar en las instancias correspondientes los actos de acoso y violencia contra las mujeres. “En el caso que los servidores/as públicos/as incumplan esta obligación serán procesados/as y sancionados por incumplimiento de deberes de acuerdo a ley”, señala el parágrafo II del artículo 9 de este proyecto de ley. Además, el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales y el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Tribunal Electoral son las instancias responsables de planificar y desarrollar políticas públicas para la prevención del acoso y violencia política a las mujeres. En la oportunidad en que el proyecto de Ley se entregó a la presidencia de la Cámara Baja, Arce se comprometió a trabajar el mismo con la mayor celeridad para que pueda ser aprobado hasta fin de año en ambas Cámaras