El Gobierno presentó un paquete de cuatro anteproyectos de ley a la II Cumbre de Seguridad Ciudadana que termina hoy en Tarija. Con esas normas, el Estado pretende combatir a la delincuencia y reducir los niveles delictivos que se incrementaron en algunas ciudades del país.

La primera norma trata sobre restricciones al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. La segunda es una propuesta que se refiere a casos de hurto, robo y comercialización ilícita de vehículos motorizados, autopartes y accesorios. La tercera trata sobre la creación de juzgados de contravención. El último anteproyecto se refiere al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana denominado “Para vivir seguro”. El viceministro de Seguridad Ciudadana, general Miguel Vásquez, explicó a La Razón que una vez que los cuatro proyectos sean consensuados, lo que debe ocurrir hoy antes de que concluya la Cumbre que se realiza en Tarija, el documento final será remitido al departamento jurídico del Ministerio de Gobierno. Posteriormente los cuatro proyectos de norma serán enviados al Ministerio de la Presidencia para que pasen por una redacción final, antes de ser presentado oficialmente para su tratamiento en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El cúmulo de anteproyectos dedicados a la seguridad ciudadana, según Vásquez, coordina las labores del sistema de vigilancia con el conjunto de las instituciones que están obligadas a trabajar conjuntamente. Adicionalmente, establece la funcionalidad específica de los consejos nacionales, departamentales, municipales y fronterizos en esta temática, tratando de superar iniciativas anteriores que fracasaron. Borradores. El proyecto de ley referido a nuevos controles al expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el país tiene como fin normar y limitar el acceso de los menores de edad a las bebidas, además de reglamentar el funcionamiento de bares y cantinas que estén cerca de establecimientos educativos. Esta tarea debe ser puesta en marcha en coordinación con los municipios. La segunda norma se refiere al hurto, robo y comercialización ilícita de vehículos motorizados, autopartes y accesorios. El general Vásquez considera que gran parte de la inseguridad en Bolivia se genera, precisamente a partir del robo de autopartes, y que el tema amerita una respuesta jurídica. La norma al respecto, de cinco capítulos y 19 artículos, establece sanciones de prisión que van de los dos a los 12 años por el desmantelamiento, sustracción de placas de circulación, cambio o falsificación de placas, y alteración de datos alfanuméricos en las series de un chasis. El proyecto también propone determinar que cada taller mecánico, de lavado, pintura, chaperío, además de los comercializadores y los garajes deben tener un registro en acuerdo con en la Policía. El tercer proyecto se refiere a la creación de juzgados de contravención que serán puestos bajo jurisdiccional de la Policía. Estos jueces, que serán jefes policiales, darán sanciones de carácter económico o de carga horaria para trabajos comunitarios e incluso podrán ordenar la aprehensión de un individuo por un máximo de ocho horas, pero sin que esto requiera la intervención del Ministerio Público. El juez tendrá a su cargo la sanción de riñas y peleas, la portación de armas blancas, el lanzamiento de objetos contundentes, el suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad o en lugares públicos o abiertos, el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, el iniciar incendios, el apagado del alumbrado público, el cerrar llaves de paso de agua, el descuido de animales, el causar peligro en espectáculos públicos y deportivos, la reventa de entradas y el negarse a pagar un consumo, entre otros. Más que los aportes, planificar Porcentaje Sobre el proyecto de aportes de gobernaciones y municipios para la seguridad ciudadana, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, considera que el tema “no se trata de porcentajes sino de planificación”. Inversiones “Necesitamos un plan de inversiones con la Policía, saber a qué se van a destinar los recursos y hacer planes de largo plazo”, dijo Revilla, que ve la rotación de mandos policiales como un escollo. El presidente Morales no asistió a la inauguración La II Cumbre de Seguridad Ciudadana fue inaugurada sin la presencia del presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. El Ejecutivo está representado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, y el de Defensa, Rubén Saavedra. Sólo tres gobernadores asisten. Se trata del anfitrión, Lino Condori, del paceño, César Cocarico y del cochabambino, Edmundo Novillo. De los 10 alcaldes de las ciudades capitales incluido El Alto, están cuatro ediles: Luis Revilla (La Paz), Moisés Shriqui (Trinidad), Zenón Gutiérrez (Potosí) y Óscar Montes de Tarija. Además, el general Jorge Santiesteban encabeza la delegación junto a los nueve comandantes departamentales de Policía. A todos estos asistentes se suman representantes de organizaciones sociales y el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo. Bs 1.400 MM para seguridad ciudadana El ministro de Gobierno, Carlos Romero, estima en 1.400 millones de bolivianos el monto que se destinará a los programas de seguridad ciudadana en el país, correspondientes a recursos provenientes del 10% que otorguen las gobernaciones y los municipios más grandes del país. De acuerdo con el anteproyecto de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el financiamiento proviene del TGN por una parte, y por la otra de los gobiernos autónomos departamentales que asignarán un 10% de sus recursos del IDH, además de los municipios de acuerdo con su población. Las alcaldías con una cantidad de pobladores superior a los 50.000 habitantes destinarán un 10%, mientras que en los municipios menores a 50.000 habitantes se aportará con el 5%. Romero identificó como una de las deficiencias por las que no se ejecuta un plan efectivo de seguridad ciudadana a las carencias institucionales y tecnológicas de la Policía; “necesitamos un Estado que tenga la capacidad de reacción inmediata, para lo cual necesitamos cámaras, banco de datos, una policía aérea. Para todo eso se necesitan muchos recursos económicos”, agregó. Según los datos de Romero, la transferencia directa que reciben los municipios y las gobernaciones representa 14.000 millones de bolivianos, el 10 por ciento de este monto alcanza a Bs 1.400 millones, que se destinarían a planes y proyectos relacionados con la seguridad ciudadana. Romero señaló que actualmente existen 1.000 millones de dólares no ejecutados como saldo en caja y bancos de las alcaldías y gobernaciones; “no creo que los municipios y las gobernaciones estén en situación deficitaria como para no poder contribuir a este propósito, que es uno de los más sentidos por la población”.