Desde mayo de 2011, cuando las concejalas asumieron su mandato, hasta fines de 2011 la Asociación de Concejalas de La Paz (ACOLAPAZ) registró cinco denuncias graves de violencia política contra las mujeres y 13 casos leves en el departamento.

Desde mayo de 2011, cuando las concejalas asumieron su mandato, hasta fines de 2011 la Asociación de Concejalas de La Paz (ACOLAPAZ) registró cinco denuncias graves de violencia política contra las mujeres y 13 casos leves en el departamento. La ACOLAPAZ considera como “casos graves” porque las denuncias se encuentran en procesos donde están debidamente documentados; de conocimiento de los operadores de justicia y algunas de ellas llegó los ministerios de Transparencia, Justicia y Autonomías. 1. Juana Quispe Apaza, del municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos, que ganó dos amparos constitucionales, cuando recién, en febrero del 2012, le dejaban ejercer su cargo como concejala pero ni cumplido el mes fue asesinada. 2. Dos casos documentados del municipio de Colquencha en la provincia Aroma, donde las autoridades originarias de la zona presionan a una concejala para que renuncie. 3. El caso del municipio de Ayo Ayo, en la provincia Aroma, que de la misma forma a una concejala no le dejaron que tome posesión de su cargo e incluso la víctima tuvo que acudir a una acción de amparo. 4. En el municipio de Yaco, en la provincia Loayza, otra municipalista recibió presión política para que renuncie y a fines de 2011 efectuaron descuentos de su salario de forma injustificada. 5. El caso del municipio de Viacha, en la provincia Ingavi, a una concejala presionan desde la familia para no dejar ejercer su cargo de forma libre y sin ningún tipo de justificación. Entre los casos leves, la ACOLAPAZ registró varias denuncias en los municipios de Coripata, Nor Yungas; San Pedro de Tiquina, Manco Kapac; Colquencha, Aroma; Waldo Ballivian, Pacajes; Taraco, Ingavi y otros donde se efectúan la presión y violencia política hacia las concejalas titulares. Desde la gestión 2012, el caso del municipio de Calacoto contra las concejalas Marina Apaza, Delia Sánchez y otro concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS), hasta la fecha no tiene solución. Sino que de forma arbitraria e ilegal habilitaron a sus suplentes, pero que el mismo tiene un amparo constitucional ganado. El caso es de conocimiento público, los ministerios de Transparencia, Justicia, Autonomías, Finanzas pero las concejalas no pueden volver a sesionar en su municipio.