El plenario de la Cámara Baja realizó este miércoles el tratamiento a detalle del proyecto de Ley del Ministerio Público, norma que consta de 135 artículos y que es bastante cuestionada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), debido a que establece, entre su contenido, la creación de la Policía de Investigación Criminal (PIC), que será manejada por civiles (fiscales) y reclutará a algunos oficiales de esa repartición policial.

El plenario de la Cámara Baja realizó este miércoles el tratamiento a detalle del proyecto de Ley del Ministerio Público, norma que consta de 135 artículos y que es bastante cuestionada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), debido a que establece, entre su contenido, la creación de la Policía de Investigación Criminal (PIC), que será manejada por civiles (fiscales) y reclutará a algunos oficiales de esa repartición policial. Las observaciones, según el primer secretario de Diputados, David Cortez, fueron atendidas por la directiva de esa instancia del legislativo en una reunión con el Director Nacional de Personal de la institución del orden, general Edgar Paravicini, pese a ello, lo que se busca es garantizar que el proceso investigativo criminal sea eficiente. El asambleísta señalo que se busca incorporar lo que sea necesario, siempre “para el bien del país, del Ministerio Publico y que no incurra en lo personal”. La propuesta, que aún es analizada, también incluye un articulo da la potestad a la Fiscalía de autorizar a la FELCC sólo la colección de evidencias y aprehensión de personas en casos de flagrancia y no así de realizar la investigación del caso. Por su parte, la asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Tejada, aseguró que lo que la Ley pretende es “subsanar los vacíos jurídicos (…) para posibilitar que la población sienta lo que es justicia”. Entre otros aspecto, la norma, en su artículo 11, dispone la protección especial a las víctimas de delitos vinculados al crimen organizado, corrupción, narcotráfico, trata y tráfico de personas y violación a los derechos fundamentales.