El presidente en ejercicio Álvaro García Linera confirmó que el delito de ‘desacato’ será eliminado del Código Penal, para ser sustituido por otra figura legal que impida la acusación fácil, “llena de infamias, calumnias y mentiras”, contra las autoridades del Estado.

“Necesitamos sacar el artículo sobre desacato. Hay que sacarlo, pero hay que colocar algún tipo de mecanismo que por lo menos obligue al opositor a pensar cinco segundos antes de hablar (...) Necesitamos ese tipo de reglamentación democrática; en principio, se va a debatir en la Asamblea", dijo ante los medios. El anuncio surge luego de que el asilo político concedido al opositor Róger Pinto pusiera en cuestión la figura de desacato, toda vez que de los 21 procesos legales contra el senador, seis tienen que ver con este delito. Por esta razón, tanto la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, como el vicepresidente García Linera, retiraron su acusación por desacato contra Pinto. Con respecto al asilo concedido por Brasil al senador Pinto, el vicepresidente Álvaro García afirmó que ésta fue una “decisión desatinada”. “Considero que es una decisión desatinada la que ha asumido el Gobierno de Brasil de otorgar asilo a una persona que acá en Bolivia está acusada, no por sus ideas, una persona que aquí está acusada por delitos de asesinato y denuncias de corrupción”, afirmó García. Róger Pinto, quien se encuentra en la Embajada de Brasil en La Paz, enfrenta 21 procesos legales, por los cuales García criticó la decisión del Gobierno brasileño de otorgar asilo político al legislador opositor. La autoridad cuestionó la decisión brasileña demostrando los juicios que enfrenta Pinto. “Esta persona está acusada por delitos como daño económico al Estado, de haber malversado fondos públicos”, dijo. Proceso. Álvaro García fue más allá cuando explicó el juicio que enfrenta Pinto por asesinato por los hechos de Porvenir en 2008. “Está acusado de asesinato en la masacre de Porvenir”, insistió el mandatario. Brasil otorgó el viernes pasado asilo político al senador opositor, quien 11 días antes ingresó a la legación diplomática brasileña en La Paz denunciando persecución política.Consultado sobre el salvoconducto que debe emitir el Gobierno para permitir a Pinto trasladarse a Brasil, el Presidente en funciones señaló que “es un procedimiento que está en manos de la Cancillería”. Por su parte, el diputado de Convergencia Nacional (CN) Adrián Oliva explicó que no existen plazos para que el Gobierno emita el salvoconducto para que el senador Pinto pueda trasladarse a Brasil. El asambleísta opositor añadió que este proceso debería emitirse a la “brevedad posible” con la finalidad de evitar impasses diplomáticos con la administración de Dilma Rousseff. “Esto es mero trámite, no debería haber ningún plazo que se extienda en el tiempo. Estamos hablando de que el Gobierno debe procesar la solicitud y emitir una autorización expresa. Eso se puede hacer en muy poco tiempo (…) Veremos hasta qué punto el Gobierno boliviano quiere generar un incidente diplomático con el Brasil. Estamos hablando de un derecho humanitario, creo que el Gobierno debe medir muy bien sus pasos”, cuestionó el opositor Oliva. Desacato, art. 162 del código Sanción La calumnia, injuria y difamación contra una autoridad del Estado será sancionada con un mes a dos años de privación de libertad. Si los difamados son el Presidente, Vicepresidente, ministros y congresistas, la pena se agrava “en una mitad”. Desistimientos no frenarán los juicios a Pinto Pese a que la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, retiró su demanda por desacato contra el senador opositor Róger Pinto (lo que también hará el vicepresidente García), el Ministerio Público proseguirá con ambos procesos legales. El fiscal general del Estado, Mario Uribe, dijo que “el Ministerio Público, en cumplimiento de sus funciones, continuará con la investigación hasta la conclusión de una de las formas que establece el Código de Procedimiento Penal de estos procesos”. Aclaró que la Fiscalía sólo cumple con la Ley 004, de lucha contra la corrupción. Con respecto al asilo concedido por Brasil al senador Pinto, el fiscal Uribe señaló que dicha medida tiene el grave riesgo de dejar en la impunidad hechos que se están investigando y que deben ser juzgados por la autoridad competente. Uribe opina que la ministra Suxo cumplió con su deber al denunciar a Pinto, pero que al desistir de su acusación no está incurriendo en ninguna contravención; aunque, dice, si un funcionario público no denuncia un delito, cae en el encubrimiento.