La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) elabora un protocolo, una “guía de denuncia”, para aplicar la Ley de Acoso y Violencia Política. Se busca mejorar el procedimiento de denuncia y el tratamiento de los casos.

Desde que la ley fue promulgada (mayo de 2012), se presentaron al menos 20 denuncias en el país, informaron las concejalas. Las munícipes “son acosadas sobre todo por sus propios partidos políticos; ante esta situación estamos elaborando un protocolo para especificar cómo hacer las denuncias, cuál es el proceso a seguir y a qué instancias recurrir”, explicó la concejala Asunta Melgar, que es parte del directorio nacional de Acobol. En mayo de este año, el presidente Evo Morales promulgó la ley en favor de las mujeres que ejercen cargos políticos, que introduce dos nuevas figuras en el Código Penal: acoso político y violencia política en razón de género; sus sentencias van de dos a ocho años de privación de libertad. Dificultad. En criterio de Melgar, la falta de este protocolo y de la respectiva reglamentación pone “trabas” para hacer las denuncias y resta garantías para que los procesos sean interpuestos en la vía penal de forma adecuada; asimismo, dijo que el documento estará terminado a fin de año. Por su parte, Natasha Loayza, oficial nacional del Programa ONU Mujeres, explicó que esa organización está apoyando a la construcción de esos instrumentos para efectivizar la ley. “Uno de esos instrumentos es el protocolo de atención a casos de violencia política que hasta ahora no existe; este protocolo implica todo lo práctico en términos de operativización de la ley”. Al respeto, Gabriela Murillo, autora del estudio “Estado de situación y análisis de la incorporación de género en el proceso autonómico en Bolivia”, sostuvo que una forma de acoso político se registra en la elaboración de las cartas orgánicas en “municipios pequeños”, donde se reduce al mínimo la intervención de la mujer. “La escasa participación de la mujer en la elaboración de las cartas, trae como consecuencia que ella no se vea representada en el documento”, afirmó Murillo. Insuficiente participación La ministra de Autonomías, Claudia Peña, dijo que según el estudio realizado por Gabriela Murillo, en coordinación con esa cartera de Estado, existen dos elementos que dificultan la participación de las mujeres en el proceso autonómico. “Una dificultad es que no hay espacios suficientes para la participación de las mujeres o que no hay una información suficiente; esto deriva en que la participación de las mujeres se ve restringida”, explicó. Acotó que un segundo elemento es que se excluyen las propuestas de las mujeres en los primeros borradores de las cartas orgánicas, ya que a medida que el proceso avanza los proyectos son sacados de los borradores, pese a existir una “gran voluntad de participación”. Por su parte, Murillo reiteró que estos problemas se registran sobre todo en los municipios pequeños, alejados de las grandes ciudades capitales, donde no hay instituciones y el proceso se hace en “ambientes mixtos y la participación femenina es mínima, lo que no pasa en municipios grandes”.