Los Defensores del Pueblo de Bolivia, Perú y Ecuador, junto a los delegados defensoriales de Colombia y Venezuela, acordaron pedir a sus Gobiernos desarrollar políticas públicas sobre movilidad humana que incluyan un enfoque de derechos humanos con la participación de instituciones nacionales especializadas y aportes de la sociedad civil.

El documento fue suscrito junto a la Red Andina de Migraciones (RAM), representantes de la Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la Comisión Andina de Juristas, Parlamento Andino e instituciones de derechos humanos, a la conclusión del Foro sobre Migraciones Andina, que se realizó la última semana de junio en la capital ecuatoriana. Los firmantes requieren de los Gobiernos de la región andina impulsar reformas legislativas basadas en principios y normas constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos en materia de emigración, inmigración, retorno, refugio, trata y tráfico de personas. El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, indicó que los participantes asumieron el compromiso de cumplir un rol más activo en la promoción y protección de los derechos de las personas desplazadas, refugiadas, inmigrantes, retornadas, víctimas de trata y tráfico, así como de los ciudadanos y ciudadanas migrantes a países distintos de la comunidad andina. Entre otros puntos de la Declaración se plantea la necesidad de generar espacios de diálogo con los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional para consolidar acciones comunes, principalmente en las zonas fronterizas y en los territorios con mayor concentración de población en movilidad humana. Según informó Villena, los delegados y defensores manifestaron la necesidad de diseñar e implementar un sistema de información sobre migraciones andinas, que sea capaz de suministrar datos consistentes, periódicos y contrastados sobre la movilidad humana. Los asistentes al Foro, asimismo, demandan a los Estados impulsar procesos de regularización de los ciudadanos andinos que no tienen definida su condición migratoria en los países miembros de la CAN; el fortalecimiento de la ciudadanía andina, proponiendo la supresión de los sistemas de control migratorio para los ciudadanos y las ciudadanas andinas, y avanzar hacia la consolidación de la ciudadanía sudamericana logrando un convergencia en las políticas migratorias de la CAN, Mercosur y Unasur.