Práctica. Consultorios clandestinos y hasta clínicas privadas lo hacen por Bs 300 y 800

A pesar de que el aborto está penado en el país, supuestos centros de salud, consultorios clandestinos y hasta clínicas privadas de dos zonas paceñas ofrecen, sin control alguno, tres métodos para interrumpir el embarazo: aspiración o inducción, inyección y “pastillas abortivas”. “Ilegal de la boca para afuera” fue como calificó un vecino de la calle José María Achá (zona Cementerio de La Paz) al aborto, pues aseguró que para muchos, en este lugar, no es un secreto que los consultorios que ofrecen pruebas de embarazo también proponen “una solución” a aquellas mujeres que no desean tener un hijo. Sólo en esta vía de dos cuadras existen tres sitios que ofrecen servicios de salud y todos confirmaron que también realizan abortos, según constató La Razón en su recorrido. Por ejemplo, “Q y R” pide una ecografía previa para ver el tamaño del feto y definir el precio del “servicio”, la persona que atiende aclaró que la práctica se realiza en otro lugar, “una clínica privada”, mencionó. Medicamentos. Frente a este consultorio está el centro Niño Jesús, donde indicaron que la interrupción del embarazo de un mes cuesta Bs 500; de dos, Bs 600 y así sucesivamente. A esto se agrega Bs 30 para los medicamentos contra el dolor, la infección y hemorragias. En la misma calle está la clínica privada Socorro, de dos pisos, donde varias mujeres de diferentes edades se encontraban ayer. Al consultar, confirmaron tener el “servicio”, pero dijeron que necesitan el consentimiento del padre, además de advertir que de cada 100 féminas, por lo menos una queda estéril. El precio es de Bs 400, “pero es discutible”, señalaron. En dos de estos sitios utilizan hasta dos métodos: inyección o aspiración, según detallaron, este último dura entre 10 y 15 minutos. Dos testimonios, que optaron por el aborto de aspiración, contaron que la intervención es muy dolorosa a pesar de la anestesia que utilizan. “Me hicieron firmar un papel que dice que llegué con hemorragia, me han explicado que es para evitar problemas. Después me han llevado a esa camilla y me ha dolido mucho, estuve en otra cama media hora para recuperarme. Mis padres no aceptarían el embarazo”, relató una de ellas. En las avenidas Bautista, Max Paredes, Buenos Aires y las calles adyacentes (zona Cementerio y Garita de Lima) se observa una gran cantidad de letreros, algunos improvisados, que ofrecen pruebas de embarazo y atención ginecológica. En siete de estos lugares confirmaron que realizan abortos desde Bs 300 hasta Bs 800. Embarazo. “Es según el tiempo de gestación, pero no se hace aquí sino en una clínica”, mencionaron en tres sitios, aunque no quisieron dar nombres de los nosocomios. Todos proponen la aspiración, pero en cuatro de ellos ofrecen además la inyección por Bs 180 y las “pastillas abortivas” por Bs 230 para las siete semanas de embarazo. Inclusive, uno de los consultorios cobra Bs 20 sólo por dar información. En ambas zonas no hay control de autoridades. Henry Flores, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), reconoció el hecho y anunció acciones contra los sitios que hacen esta práctica ilegal. “Hemos hecho operativos y se clausuraron algunos, pero gente inescrupulosa se da modos para volver a lo mismo”, dijo. En Bolivia, el aborto es ilegal, excepto en casos de violación, incesto y cuando la vida de la madre está en riesgo, sin embargo, al año se practican entre 40.000 y 80.000 legrados, los cuales provocan aproximadamente 480 muertes, según los datos de organizaciones que siguen la problemática. Actualmente, su despenalización está siendo tratada en el Tribunal Constitucional Plurinacional. El presidente Evo Morales sostuvo que el aborto es un delito, aunque aseguró que amerita un debate en el ámbito nacional. Posiciones y normas de la práctica Código El Código Penal, en su artículo 263, determina privación de libertad de dos a seis años a las mujeres que aborten. El 269 sanciona con uno a seis años a quien se dedique a practicar legrados. Propuesta La diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Patricia Mancilla presentó al TCP un recurso de inconstitucionalidad de 13 artículos del Código Penal que penalizan el aborto. Iglesia La Iglesia Católica exigió el respeto a la vida y anunció la construcción de un alegato para contrarrestar la propuesta de la diputada masista. A su vez, organizará marchas. Discriminan a gestantes en 2 regiones Mediante un voto resolutivo, comunidades de La Paz y Cochabamba expulsaron a estudiantes embarazadas de los colegios por ser consideradas “mal ejemplo” y “atraer la mala suerte” para el resto de la población, informó la Defensoría del Pueblo. “Expulsar a estudiantes embarazadas de los colegios es vulnerar su derecho a la educación y se genera una violencia psicológica hacia ellas. Estos casos se presentaron en el área rural de La Paz y sabemos que hay casos similares en Cochabamba”, informó ayer la representante en La Paz del Defensor del Pueblo, Teófila Guarachi. Explicó que varias comunidades de las provincias Muñecas, Camacho y Caranavi emitieron un voto resolutivo, en el que se determina expulsar de las unidades educativas a estudiantes en estado de gestación y a hombres y mujeres en concubinato. Las comunidades arguyen en el documento que alumnos en dichas situaciones son mal ejemplo para el grupo estudiantil, además, según sus usos y costumbres, trae mala suerte a la población que las mujeres solteras se embaracen. Denuncias. A raíz de ello, la Defensoría del Pueblo registró seis denuncias; una, sobre una adolescente embarazada tras una relación con un joven de 19 años. Él, al enterarse, se suicidó y dejó una carta póstuma. Otro caso trata de dos adolescentes que decidieron concubinar, ella de 15 años y él de 17, ambos pretendían ser expulsados del colegio, pero esto no se ejecutó gracias a la intervención de la Defensoría. La representante agregó que ninguno de los casos se judicializó. Más allá del trabajo que hemos hecho, creemos que se debe iniciar un trabajo conjunto con los ministerios de Justicia, Educación y el Viceministerio de Descolonización para sensibilizar, informar y socializar la Ley de Deslinde Jurisdiccional, además de trabajar en la prevención”, dijo Guarachi. En ese marco, el 12 de agosto se realizará la reunión entre dichas instancias con el propósito de conformar una plataforma que atienda y proteja a estas alumnas.