El proyecto de "Ley de la Empresa Pública, PL " 398 " 13", vinculada con el ejercicio del periodismo en cuanto a las fuentes de información, ha sido calificada como una posible norma que "cerraría con candado" la información sobre el uso y utilización de los recursos públicos y que genera "discrecionalidad" respecto a la asignación de fondos, por la subordinación directamente relacionada con el Presidente del Estado.

Los servidores públicos que divulguen información, en todos los niveles de la administración del Estado, serán penalizados con cuatro años de cárcel, de acuerdo con el proyecto difundido por la Asociación de Periodistas de La Paz. "Nos estamos enfrentando a una norma que cerraría con candado la información respecto del uso y utilización de los recursos públicos destinados al desarrollo”, dijo Vargas. Añadió que se estaría creando una gran discrecionalidad respecto a la asignación de los recursos destinados al desarrollo y, esta subordinación está directamente relacionada con el Presidente del Estado", afirmó. El proyecto de Ley ingresó oficialmente el pasado 13 de junio a la Cámara de Diputados. Se trata de la Disposición Adicional Décima que modifica el Artículo 228 del Código Penal con el siguiente texto: "Artículo 228 (USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA). El que en virtud de su cargo, empleo, posición o responsabilidad, teniendo acceso o conociendo información privilegiada, utilice, divulgue, transmita o disponga de la misma para lograr beneficios, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años".