Asegura que algunos artículos contradicen la verdadera esencia y filosofía de la normativa que debe ser implementada en todos los países por recomendación de la OEA.

El proyecto de Ley de Acceso a la Información da un amplio margen a las autoridades de Gobierno para restringir la entrega de información bajo la excusa de que se trata de temas referidos a la seguridad del Estado o los recursos estratégicos, advirtió a la agencia de noticias Erbol el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. “Cualquiera de los cuatro poderes del Estado, la Procuraduría, las Fuerzas Armadas y la Policía pueden restringir el acceso a la información si la máxima autoridad de cualquier entidad pública considera que dar esa información puede ser sensible porque puede ser peligrosa para la seguridad del Estado o porque hace a un desarrollo de investigación sobre recursos naturales, en consecuencia quién limita esa posibilidad y cómo sabe un funcionario que eso es así o cómo puedo yo demostrar que eso no es así”, manifestó la exautoridad. Mesa dijo que algunos artículos del proyecto en cuestión van en contra del principio internacional de acceso a la información. “Creo que el espíritu en el actual proyecto de Ley está, en términos generales, el problema es que algunos artículos del proyecto son contradictorios en esencia con la filosofía de la ley y eso es lo que tenemos que esclarecer y cambiar”, apuntó. Agregó que el libre acceso a la información es “una obligación de todo Estado para que la democracia funcione realmente a plenitud”. GOBIERNO ACLARA LA NORMATIVA Por su parte, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó ayer a la agencia Erbol que las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) no serán incluidas en el proyecto de Ley de Acceso a la Información para que den cuenta de sus manejos financieros, salvo que estén involucradas con la administración de dineros públicos provenientes de acuerdos con los gobiernos de turno. “El proyecto de ley señala que es siempre y cuando tengan manejo de recursos públicos del Estado, porque hay siempre acuerdos que se hacen con ONGs en temas de salud o en educación y éstas tienen que dar la información sobre qué se está haciendo con los recursos públicos”, señaló. Suxo remarcó que el principal objetivo y el espíritu de la futura Ley es que el ciudadano de a pie pueda acceder de manera directa a una información rápida y oportuna. “Con esto el ciudadano sobre todo podrá ejercer su función de control (a las instituciones y autoridades)”, apuntó. También precisó que la norma no contempla a los medios de comunicación para que transparenten sus estados financieros, sino a las instituciones privadas que prestan servicio de comunicación. A modo de ejemplo citó el caso de una cooperativa telefónica. “¿Cuánto (dinero) se manejará en Cotel?, en cuánto se distribuye el salario (…) nosotros hemos recibido varias denuncias y no las podemos procesar porque es una entidad privada, pero el ciudadano corriente que ha invertido en líneas telefónicas tiene derecho a saber cómo se maneja el dinero”, manifestó. LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA La legislación acerca de la libertad de información representa el proceso legal fundamental del derecho a saber, por medio del cual los solicitantes pueden pedir información del Gobierno y recibirla gratuitamente o a un costo mínimo, eliminando las excepciones estandarizadas. Aunque se les menciona como registros abiertos, los gobiernos también suelen estar obligados a publicar y promover la apertura. En muchos países existen garantías constitucionales sobre el derecho de acceso a la información, pero por lo general no se aplican a menos que haya una legislación específica que las respalde. Más de 85 países alrededor del mundo han implementado algún tipo de legislación al respecto. Se cree que el Acta de Libertad de Prensa de Suecia, creada en 1766, es la más antigua.