El proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información será enviada a consulta ante el Tribunal Constitucional para verificar que no atenta contra ningún artículo de la Constitución Política del Estado (CPE) y superar algunas susceptibilidades que despertó en sectores vinculados al quehacer informativo, en especial a los medios de comunicación social.

La demanda ha sido planteada por los diputados de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro y Elizabeth Reyes, quienes consideraron que los cuestionamientos se superen desde las instancias legales pertinentes. “El día de hoy estamos canalizando hacia el Tribunal Constitucional la consulta para que nos dé una opinión respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos 42 y 43 de la ley de Transparencia”, manifestó Navarro. El proyecto de ley es considerado por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que lo aprobó en su estación en grande y espera su tratamiento en detalle. En las próximas semanas esta instancia recibirá en audiencia a organizaciones sociales para abordar el documento. El proyecto ha sido elaborado en el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y el punto de controversia está centrado en el artículo 42 que establece 12 excepciones, mediante las cuales los servidores públicos no pueden revelar información, lo que es cuestionado por los representantes de la prensa, por considerar a las excepciones como atentatorias a la libertad de expresión. El artículo 43 establece el procedimiento de calificación de la información como reservada. La vía para tal efecto será mediante el “instrumento legal de mayor jerarquía que emita cada uno de los Órganos del Estado”.