El Gobierno de Bolivia, a través de una comunicación diplomática a su similar de Brasil, expresó ayer su preocupación por “la transgresión del principio de la reciprocidad y la cortesía internacional”, al oficializar su posición referente a la salida del senador boliviano, Roger Pinto, de territorio boliviano a ese país, pese a contar con un “estatus de asilado político” que le concedió hace 15 meses la administración de Dillma Rousseff, de acuerdo con la información entregada por el canciller David Choquehuanca.

El Canciller, en conferencia de prensa, dijo que “por ningún motivo el senador Pinto podía abandonar el país sin salvoconducto” y denunció que Brasil violó dos convenciones internacionales, porque “no le otorgó el salvoconducto por tener sentencias y arraigos por supuestos daños económicos al Estado”. El senador Pinto, desde Brasilia, Brasil, ha hecho conocer una carta al “pueblo de Bolivia”, en la cual informa que ha recuperado su libertad luego de haber denunciado corrupción, narcotráfico y violación a los derechos humanos por parte del Gobierno presidido por Evo Morales. “Estos 454 días de encierro y aislamiento, sirvieron para denunciar ante Bolivia y el mundo el verdadero rostro del poder político que domina, destruye y elimina a cualquiera que se encuentre en su camino”, señaló Pinto.