La Cámara de Diputados considerará en los próximos días el proyecto de ley 046/2013-2014, que autoriza al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la transferencia, a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del ex fondo Complementario de Seguro Social Ferroviario Red Oriental (en liquidación) ubicado en la zona Guapilo de la ciudad de Santa Cruz, en favor de personas de escasos recursos que actualmente ocupan el terreno.

El proyecto de Ley, según un boletín de prensa, con modificaciones, establece en su artículo primero que de conformidad con el artículo 158, parágrafo I, numeral 13, de la Constitución Política del Estado, se aprueba la enajenación, a título oneroso y por un valor de 4,80 dólares americanos por metro cuadrado, del terreno ubicado en el Km. 9 de la carretera a Cotoca, zona Guapilo de la ciudad de Santa Cruz con una extensión de 97.753,73 metros cuadrados, registrado en Derechos Reales. De acuerdo con el segundo artículo del proyecto, los lotes de terreno transferidos serán destinados exclusivamente a la construcción de viviendas de carácter social, mismas que no podrán ser enajenadas ni transferidas por sus titulares a terceras personas dentro de los 10 años posteriores a la promulgación de la ley. Desde hace más de una década, ante la necesidad de contar con una vivienda, ex trabajadores de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) de la Red Oriental se asentaron en forma pacífica en estos terrenos sin uso y tomaron posesión de ellos. En la actualidad cuentan con los servicios de luz y agua además de calles y avenidas, razón por la que los poseedores de los terrenos buscan tener una casa con su respectivo derecho propietario. Sin embargo, la titularidad del derecho propietario de estos terrenos le pertenece al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) y desde el 2006 se realizan las gestiones para que la entidad estatal pueda transferir este derecho propietario a los ex trabajadores asentados y que no tengan otra propiedad. Para atender esta necesidad se debe cumplir con el procedimiento legal de enajenación por parte del Estado a través de una ley que apruebe la transferencia de este terreno.