Indígenas instalan vigilia en la Fiscalía General para pedir inclusión de Llorenti y acelerar la investigación. No se descarta careo con el mandatario.

La fiscal que investiga la represión a la marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Patricia Santos, informó que el cuestionario remitido al presidente Evo Morales ya fue contestado y ahora se hará la evaluación respectiva. No dio detalles sobre las respuestas del mandatario, pero adelantó que fueron enmarcadas en la misma línea que el vicepresidente Alvaro García. Los representantes indígenas aseguran que pedirán la ampliación declaratoria si las respuestas vuelven a ser ambiguas y “encubridoras”. Santos evitó referirse al contenido de las 16 preguntas que le fueron remitidas a Morales porque se podría contaminar la investigación, pero dijo que “para dar ciertas luces al respecto cabe reiterar que el marco de la declaración de las respuestas otorgadas por el señor Presidente están en relación a lo que ha respondido el señor Vicepresidente”. En ese contexto, las repuestas de García tampoco son públicas, pero fueron la reiteración de su discurso sobre la correlación de hechos de ese domingo 25 de septiembre, cuando se produjo la represión policial a la octava marcha en defensa del Tipnis. Ante esta situación, el dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, deploró la poca claridad con la que actúa el Gobierno considerando que habría un manifiesto intento de encubrimiento sobre las responsabilidades de la represión de Chaparina. “Si ha respondido como el Vicepresidente quiere decir que está encubriendo y seguro iremos al careo porque cuando estuve con él a la llegada de la octava marcha me dijo personalmente que se había enterado a la media hora, eso quiere decir a las 5.00 aproximadamente, y qué ha hecho para que se respeten los derechos de los indígenas, porque se comete el delito por acción o por omisión”, explicó a EL DIARIO. Una de las preguntas sería precisamente a qué hora conocieron las autoridades, tanto Morales como García, sobre los sucesos de Yucumo, pues la violenta intervención policial comenzó al caer la tarde y se extendió hasta las 9 de la mañana del lunes 26, cuando los marchistas, entre hombres, mujeres y niños fueron soltados en San Pablo. Quispe se encuentra en Sucre en predios de la Fiscalía General del Estado, donde se dirigió junto a otros representantes indígenas, activistas de derechos humanos y en calidad de víctimas de la represión intentaron presentar el libro de 5.500 firmas que lograron recabar para incluir al exministro de Gobierno y actual embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, en el caso. “Estamos en la Fiscalía para entregar los libros con las 5 mil firmas y denunciar la impunidad y retardación de justicia a más de dos años de Chaparina. El fiscal Ramiro Guerrero nos debe recibir en la mañana y estaremos acá en vigilia hasta tener una respuesta”, agregó. Por su lado, el presidente de la Subcentral Sécure, Emilio Noza, dijo a Erbol que esperan como indígenas un mejor trato de las autoridades de justicia para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. “Que la justicia, especialmente acá el Tribunal Constitucional, a través del Fiscal General, pueda tomar el asunto conforme corresponde a las denuncias sobre lo ocurrió a la columna de la marcha el 25 de septiembre en Chaparina. Pedimos justicia, pero aparte también estamos presentando más de cinco mil firmas de petición para que el exministro Sacha Llorenti sea investigado nuevamente”, declaró. Después de dos años de la represión sólo existen imputaciones contra el exsubjefe policial Oscar Muñoz y el exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, quien, sin embargo, estaría cumpliendo labores en el grupo que desarrolla la convocatoria para la Agenda Patriótica 2025.