Las respuestas del presidente Evo Morales al cuestionario sobre el caso de la intervención policial en Chaparina, enviado por las victimas e indígenas del Tipnis, no satisficieron sus expectativas, ante las “contradicciones” que se establecerían con declaraciones de otras autoridades, por lo que se exige que el mandatario se apersone al Ministerio Público para brindar sus declaraciones, anunció el representante originario Rafael Quispe.

El MAS admitió que existirían contradicciones entre autoridades, sin embargo, encomendó al Ministerio Público seguir investigando el caso. De acuerdo al cuestionamiento que sostiene el representante indígena Rafael Quispe, las respuestas del mandatario se contradicen con aquellas del vicepresidente Álvaro García, quien también respondió las preguntas sobre el caso en abril, además de la exministra de Defensa, Cecilia Chacón, entre otros. La respuesta número cuatro de las ocho es la más observada, señaló el indígena, pues Morales indica: “El Consejo de Ministros no se reunió para considerar el tema”, a la pregunta “Señale el día y la hora exacta en que el gabinete ministerial se ha enterado de la represión a la octava marcha indígena de fecha 25 de septiembre de 2011 y qué acciones inmediatas asumieron al respecto”. “Existen contradicciones, el Vicepresidente había indicado que el gabinete ministerial se reunió ese mismo día y también lo dijo la exministra de Defensa, entonces cuál es la verdad, creemos que el presidente debe decir la verdad y es por eso que exigimos que el presidente Morales vaya a la Fiscalía a responder la verdad que no sea cobarde y vaya para declarar como cualquier ciudadano”, remarcó Quispe. El 23 de abril, a través de una conferencia de prensa el Vicepresidente aseguró que conoció de la represión policial en Chaparina, a las tras los hechos, a través de una llamada de un periodista el 25 de septiembre de 2011 y que ante ese suceso el gabinete ministerial se reunió en la Residencia Presidencial ubicado en San Jorge a horas 20:00. Sin embargo, el 10 de abril, García mandó una nota escrita en respuesta a los cuestionamientos de los fiscales que investigan el caso, en la que decía desconocer los hechos acontecidos de dicha fecha en Chaparina. Donde más de 500 policías reprimieron con gases lacrimógenos a los indígenas que se trasladaban a la Sede de Gobierno en rechazó de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por medio de la reserva natural, del Tipnis. Según los reportes de medios radiales le hecho ocurrió aproximadamente a las 17.00. Según la abogada Aida Camacho, en el cuaderno de investigación la exministra Chacón indicó que el exviceministro de coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro; el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti; el vicepresidente y el presidente, junto a ella estaban monitoreando la represión. Para Rafael Quispe, “al parecer” el cuestionario no fue claro para el presidente Morales, porque no responde con precisión a las preguntas. El Jefe de Estado también respondió: “Nunca se realizó reunión o acción tendente a intervenir la octava marcha indígena, y que el Gabinete no dio ninguna orden de intervención”. A su turno, el diputado (MAS), Edwin Tupa, señaló que “estas contradicciones pueden haber por parte del Presidente y Vicepresidente, pero tendrá que haber mecanismos de parte del Ministerio Público para que pueda esclarecerse. La Fiscalía tiene sus normas, sus reglas de juego y tiene que actuar de acuerdo a ley”.