Las medidas adoptadas por la administración de justicia en el país en distintos ámbitos todavía son insuficientes para revertir “la profunda crisis” en ese sector, según advirtió la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) en su informe del año 2013 presentado este miércoles en Sucre ante representantes del Órgano Judicial.

En un acto especial, el representante de esa oficina de Naciones Unidas, Denis Racicot, presentó el informe sobre la situación general de los Derechos Humanos en el país, el cual destaca, sin embargo, avances en los derechos económicos, sociales y culturales de la sociedad. Respecto al tema judicial, el documento apunta que la crisis en la administración de justicia “se profundizó aún más en el año 2013” a raíz de diferentes factores entre los cuales menciona la retardación, la insuficiente cobertura de servicios judiciales, así como un acceso limitado a la justicia por parte de los sectores más vulnerables. Asimismo, el Alto Comisionado expresa su preocupación por el “rezago judicial, la corrupción y, en última instancia, la impunidad”, aunque advierte también sobre la falta de recursos en el sistema judicial cuyo presupuesto –indica- “alcanza únicamente al 0,53% del Presupuesto General del Estado”. La Oficina también señaló haber observado “algunos procesos penales” mencionando entre ellos el de los hechos “racistas de mayo de 2008 en Sucre”, la denominada “masacre del Porvenir” en Pando y el caso sobre el presunto grupo terrorista desmantelado en Santa Cruz. “Los avances procesales en cada uno de estos casos han sido escasos y lentos”, agrega. El documento también se refiere a las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en la resolución de conflictos sociales, aunque expresa su preocupación por los “linchamientos” que -advierte- se producen ante una falta de acciones del Estado para eliminar ese flagelo. También, el informe de la oficina aborda el tema del sistema penitenciario nacional, afirmando que “subsiste la crítica situación de hacinamiento en los centros penitenciarios, el uso excesivo de la detención preventiva y el control interno de los penales por parte de los reclusos”.