Una vez aprobado el inicio de un juicio de responsabilidades en la Cámara de Diputados, el caso pasa al Senado para su sustentación y condena. Las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez fueron suspendidas del cargo. El presidente de Diputados, Marcelo Elío, defendió la decisión tomada la madrugada de hoy y aseguró será “un juicio histórico”.

Las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chánez y Ligia Velásquez, por la Cámara de Diputados, serán juzgadas en el Senado y se exponen a una “inhabilitación especial”. Las acusadas denunciaron irregularidades y advirtieron riesgos para la democracia por el enjuiciamiento, mientras que el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, dijo que es una obligación el juzgamiento porque actuaron de forma arbitraria. Los miembros de la Comisión de Justicia de Diputados remitieron un informe recomendando un juicio de responsabilidades al pleno camaral, que la madrugada de hoy finalmente lo aprobó. Chánez y Velásquez son acusadas por delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes por suspender la vigencia de la Ley del Notariado. García aseguró en Cochabamba que las acusadas actuaron con arbitrariedad al suspender la vigencia de una ley, provocando con ello perjuicios para la ciudadanía. "El Tribunal Constitucional no ha emitio una sentencia (sobre la Ley del Notariado), pero ya han paralizado la ley; eso es una locura, poner la legalidad de cabeza, por lo tanto, a los responsables de esa arbitrariedad que hace daño al Estado y a los ciudadanos hay que obligatoriamente enjuiciarlos, porque eso también manda la Constitución", afirmó. De 77 diputados en sala, 55 votaron por la aprobación de la acusación y 22 en contra. El presidente de la Cámara, Marcelo Elío, consideró que este será “un juicio histórico” y aseguró que responde al daño generado a la ciudadanía y al propio Estado al haber suspendido la vigencia de la Ley del Notariado, con lo cual fueron dejados en la incertidumbre trámites a los que se da fe con notarios. “El daño es grande al Estado y al país por esta medida que han asumido esos magistrados de la comisión de admisión, que se dieron el lujo de parar una ley, la ley debía haber sido parada por lo menos por sala plena, pero simplemente lo hizo una comisión de admisión. Nos parece inconcebible este tipo de actitudes que ponen en riesgo los actos jurídicos y la fe del Estado”, cuestionó en una entrevista con la emisora Panamericana. Una vez aprobado el proceso, pasa al Senado para su sustentación y sentencia. El artículo 24 de la ley para el juzgar al Presidente, Vicepresidente y altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Fiscalía fija que la sentencia condenatoria podrá imponer inhabilitación especial del condenado por tiempo que no exceda al de la pena principal. La inhabilitación especial consiste en la pérdida del mandato, cargo, empleo o función pública; incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o funciones públicas, por elección popular o nombramiento. La “rehabilitación se producirá ipso jure al cumplimiento de la pena”, refiere el parágrafo 3 del artículo 24 de la citada normativa. El senador del oficialismo René Martínez explicó que "lo que va a estar en juego” es, precisamente, la condena o no de suspensión, aunque aclaró que todo depende de los alcances de la sustentación de la acusación en Diputados. Chánez y Velásquez formaron parte de la comisión que admitió una demanda de inconstitucional contra la Ley del Notariado, presentada por el diputado opositor Juan Luis Gantier. Definieron suspender la aplicación de la norma, aunque ante las críticas revisaron la inicial decisión y la restringieron a tres aspectos, entre ellos la designación de autoridades de la dirección del notariado. Velásquez aseguró en la emisora Panamericana que la apertura del juicio en su contra y de su colega persigue fines políticos y pone en riesgo la institucionalidad. “Se están poniendo en riesgo las sentencias y resoluciones dictadas por el máximo y último intérprete de la Constitución, que consolida ese Estado democrático de derecho, eso se está poniendo en riesgo. El Tribunal Constitucional constituye el equilibrio al uso abusivo del poder de cualquier otro de los órganos del Estado”, afirmó. Chánez denunció que en el proceso instaurado fue afectado el debido proceso y se vulneraron derechos y garantías, mientras que su colega detalló que fueron notificadas el viernes de forma ilegal y a las 18.30, con documentación parcial y para asumir defensa el lunes siguiente. “ La notificación no es un acto formal, es un conocimiento real de qué cosas se está acusando. El documento de notificación es esencial para quienes están siendo investigados para que asuman defensa”, afirmó Velásquez para justificar su ausencia en el proceso en la Comisión de Justicia, que elaboró el informe de acusación de apertura de juicio de responsabilidades. Elío respondió que fueron cumplidos los procedimientos para la notificación, es este caso, con cedulón, es decir, con el pegado de la notificación con toda la documentación en la puerta y con los respectivos testigos. “Además con notario de fe pública que avala la notificación, por otro lado se ha notificado en Sucre, personal jurídico de Diputados fueron a Sucre para notificarlas en sus oficinas, en horario hábil”, insistió. García aseguró que este es una sunto jurídico. “No es un tema político, es un tema de procedimiento legal”, añadió.