Los tres profesionales participaron del Curso Internacional en Respuesta a la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, Comercial y Laboral de Niños, Niñas y Adolescentes que fue organizado por el Ministerio de Justicia y Visión Mundial y que se realizó en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.

Cristina Prego, integrante de la Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata (Uruguay), Fernando Mao, presidente de la Red de Alto al Tráfico y la Trata Internacional (Argentina), y Miguel Ángel Sorbello, trabajador social de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires (Argentina) fueron  entrevistados por La Razón.

Las medidas que ayudarían a evitar este delito, no solo en el país, sino en todos los Estados —señaló Prego—son la prevención, la protección y la persecución del delito, punto de vista que es compartido por Sorbello.

“Son conocidas como las tres “P”. En lo que refiere a la protección, (se debe) abordar los derechos vulnerados (de las víctimas) y generar dispositivos de atención especializados”, indicó ella. En cuanto a la prevención, para Sorbello las charlas en unidades educativas son insuficientes. Él recomendó aplicar nuevas y constantes campañas, y si no se renuevan, puede llegar a cansar a los destinatarios. 

“Para abordar cualquier problema, primero se debe asumir que existe una enfermedad. La curas cuando asumes que la tienes”, y para ello son  indispensables las estadísticas, precisas y actuales”, agregó. Mao destacó la necesidad de contar con un mapa, es decir, una base de datos para que las autoridades judiciales sepan dónde y cómo actuar.

“Sería interesante que Bolivia pudiera armar su mapa del delito y así contar con una sistematización de las denuncias, desapariciones de menores y otros. Ello permitiría además cruzar datos. ¿Quién tendría que hacerlo? Una consultora o un organismo gubernamental  y trabajar primeramente en los puntos débiles”, dijo.

De enero a junio de 2014, 375 personas desaparecieron en Bolivia y en el mismo periodo del año pasado, 243. No se publicaron los datos a agosto.  Los casos de trata y tráfico en Bolivia se incrementaron en 900% entre 2006 y 2013, periodo en el que la Justicia sentenció a ocho por este delito.

Según Sorbello, si bien existe una normativa que lucha contra este mal —en el caso de Bolivia la Ley 263, promulgada el 31 de julio de 2012 — los tratantes “son demasiado astutos, saben cómo lidiar y captar a sus víctimas. Si antes usaban la fuerza, ahora lo hacen con engaños”.

Cautivo. En Argentina, hay gran cantidad de talleres textiles clandestinos y a pesar de su ilegalidad, de las denuncias de explotación, los bolivianos “siguen llegando”, manifestó.  “La trampa llega a tal nivel, que a pesar de que el tratante libera a su víctima, ésta no escapa. “Dicen ‘mi buen señor me va a dar una máquina que uso a diario’. Eso es un engaño, como la zanahoria que le ponen al caballo para que camine”, añadió.

En el caso de Uruguay, Prego informó que los tratantes optan por captar a sus víctimas, normalmente mayores de 12 años y de 30 a 45 años para trata doméstica, en el área rural.

“Estas redes captan en pequeñas poblaciones rurales, donde la situación y exclusión y pobreza es muy fuerte, donde muchas propuestas y proyectos de vida de niños y niñas no se pueden realizar y aparecen personas que ofrecen la posibilidad de un trabajo, engañando en las condiciones y el pago, hasta son sometidos a violencia física, sexual”, contó Prego.

Una línea telefónica corta para pedir auxilio es muy necesaria, según Mao, pues las víctimas o testigos tendrían la opción de llamar inmediatamente cuando perciban un problema. “Tendría que ser de tres dígitos, no un 800-10-xxxx. Esto ayudaría por ejemplo a que la víctima robe el celular de un cliente y llame”, precisó.

La última línea de acción es que los jueces tipifiquen adecuadamente el delito para que termine en una sanción. “Si el juzgador desconoce la ley y tipifica este delito como privación de libertad y no trata” , el beneficiado será a las bandas delictivas. En el primer caso, la pena mínima en Bolivia es de 10 a 15 años de prisión, y en el segundo, es de 6 meses a 2 años y una multa de 30 a 100 días.

Definición de los delitos

Ley 263

La trata, según la ley boliviana, es la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima (Art. 281). El tráfico, en cambio, consiste en propiciar la entrada o salida ilegal de una persona del Estado (Art. 321), dice la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas de 2012.