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Grupo de reacción inmediata atenderá quejas de maltrato


2014-11-10
www.la-razon.com
La Razón

Respuesta. El objetivo es prevenir más feminicidios en el país.

El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, informó ayer que la Policía boliviana creará un grupo de reacción inmediata para la atención e investigación exclusiva y rápida de casos de denuncia de violencia contra las mujeres.

“Se está creando una unidad especializada de reacción inmediata en motocicletas para atender de forma inmediata la denuncia o el hecho de agresión a una mujer”, detalló en conferencia de prensa.

Explicó que la decisión de conformar el nuevo grupo táctico surgió de una reunión de emergencia con el comandante general de la Policía, Wálter Villarpando.

Se trata de un intento resuelto por combatir hechos de agresión física y psicológica contra las mujeres, en momentos en que más de 100 mujeres han sido asesinadas, la mayor parte por sus parejas, en Bolivia en lo que va del año.

Según la autoridad, el trabajo de los efectivos de la nueva unidad comenzará en cuanto se reciba una denuncia por medio de una línea telefónica gratuita que será habilitada en los próximos días, y cuyo número aún no fue dado a conocer.

“Vamos a aprehender y lo vamos a sacar de donde tengamos que sacar al agresor”, aseveró la autoridad.

Asimismo, mencionó que el grupo táctico tendrá la orden de actuar contra cualquier persona implicada en las agresiones contra las féminas, sin importar que sean autoridades de alguna institución, miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía o civiles.

El titular de Gobierno dijo que la decisión de aplicar la nueva medida fue tomada porque no puede permitirse que continúen las agresiones, tomando en cuenta que esa clase de hechos “choca contra los principios y los valores del proceso revolucionario de cambio” vigente en el país.

En esa conferencia, Pérez anunció que fue desactivada una banda de extorsionadores liderada por un miembro del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) y cuatro civiles.

“Se ha encontrado una organización criminal de extorsionadores que eran responsables económicos o de hacienda de las iglesias cristianas”, estableció.

Los implicados fueron identificados como Samuel Baltazar Miranda (miembro del Gacip) y su madre Selma Miranda Rodríguez, así como Óscar Espinoza Rodríguez, Fabricio Gamarra Vargas y Mauricio Gamarra Vargas.  

 

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