El Defensor del Pueblo denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado incumplió cuatro recomendaciones emitidas en una sentencia de 2008 sobre el caso Renato Ticona Estrada, desaparecido el 22 de julio de 1980 durante el gobierno dictatorial de Luis García Meza.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó al organismo que el Estado incumple la obligación de buscar los restos de Estrada, la prestación de tratamiento médico y psicológico a sus padres y hermanos; la identificación y juzgamiento de los responsables del hecho y la creación del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas.

Cumplió, el Estado, con el resarcimiento económico a sus familiares ($us 455.000) y dispuso la nominación de la plaza ubicada frente a la Universidad Técnica de Oruro, con el nombre de Renato Ticona Estrada. En la audiencia estuvieron presentes siete representantes del Gobierno para responder a los cuestionamientos planteados por Villena. 

Los magistrados del Tribunal expresaron su preocupación por la inexistencia de una estrategia coherente y coordinada que incluya planes efectivos desde el Estado boliviano, para atender la sentencia y resarcir los derechos vulnerados del joven desaparecido y sus familiares, según un boletín de prensa de la defensoría.

La audiencia fue en la sede de la CIDH en San Juan de Costa Rica. Villena consideró que el Estado tiene una deuda pendiente con familiares de los desparecidos en dictaduras.

“Son temas que están pendientes en la historia de los derechos humanos y constituyen una herida que no ha cerrado completamente porque aún tiene el signo de la impunidad y el silencio. Las bolivianas y bolivianos no debemos permitir que los casos como el de Renato Ticona queden en el olvido, porque su lucha y sacrificio sentó las bases para la recuperación de la democracia y las libertades que hoy podemos ejercer en Bolivia”, afirmó la autoridad.

La CIDH emitió en noviembre de 2008 la sentencia por el caso Renato Ticona. Estableció que el Estado violó los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida,  garantías judiciales y a la protección judicial de Renato y de sus familiares. Dispuso que se investigue el hecho y se sancione a los responsables, que se realice la búsqueda de los restos de Ticona, que se determine un resarcimiento económico y que preste el debido tratamiento médico y sicológico a los padres por la afectación que significó su pérdida.

La resolución de la audiencia será presentada por la CIDH en el plazo aproximado de un mes, según indicaron los jueces presentes.