Las ministras del gabinete del presidente Evo Morales plantearon la aprobación de un decreto supremo con la finalidad de extender a las Fuerzas Armadas y a los servidores de la administración pública la decisión de que los denunciados por violencia contra la mujer no puedan asumir cargos públicos jerárquicos. Las autoridades esperan que similar decisión sea asumida en el ámbito privado.

Durante un acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que al momento en la Policía, la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó y en el sector de la educación y la Policía ya rigen restricciones contra los denunciados por violencia contra la mujer, por lo que ahora planteó el desafío de ampliar ese universo.

“Las ministras hemos planteado un decreto supremo para que pueda operativizarse esta situación, que ninguno, no solo los maestros o los policías, sino también los representantes de las Fuerzas Armadas, los servidores públicos y servidoras públicas denunciados por un hecho de violencia, no puedan asumir cargos en ninguna de las entidades públicas”, anunció.

El Ministerio de Educación determinó que los maestros con imputación o sentencia ejecutoriada por actos de violencia ejercida contra la mujer o contra cualquier miembro de su familia no podrán ejercer, ni acceder a cargos directivos de institucionalización del sistema educativo que comprende direcciones de unidades educativas, distritales, de núcleo, subdirectores o directores departamentales.

Suxo pidió que el sector privado asuma similar decisión, porque en ese ámbito también hay casos de violencia contra la mujer. “Esperamos que en el ámbito privado se asuma esta misma responsabilidad, porque la violencia no solo tiene que ver únicamente con el ámbito público, tiene mucho que ver en el ámbito privado”, reflexionó.

El gabinete del presidente Evo Morales está constituido por siete mujeres.

El parágrafo I del artículo 13 de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece: “Para el acceso a un cargo público de cualquier Órgano del Estado o nivel de administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, además de las previstas por Ley, se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia”.

La representante de las Naciones Unidas en Bolivia, Katherine Grigsby, informó que el organismo internacional apoya todas las acciones bolivianas destinadas a combatir la violencia contra la mujer. “Bolivia es uno de los países pioneros con la implementación de la ley específica de protección a las niñas y mujeres, la ley 348”, destacó.

Grigsby dijo que  ahora el reto es implementar esa norma. “La violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo, no solo un problema, sino una pandemia en nuestras sociedades”, reflexionó y señaló que, según datos de la ONU, 120 millones de niñas se vieron obligadas a mantener sexo forzado en algún momento de sus vidas, y que 603 millones de mujeres viven en países donde la violencia domestica aún no es considerada un delito.

“En algunos países de la región hasta dos mujeres son asesinadas en promedio cada día”, denunció.