La institución considera que la violencia es uno de los ámbitos más graves de vulneración de los derechos en el territorio nacional.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia denunció  "la lentitud y aparente desidia” de las autoridades a la hora de atajar los casos de violencia sexual contra niños, adolescentes y mujeres que ocurren en el país, particularmente cuando estos son cometidos por cargos públicos.
 "Además de la indiscutible legalidad que sustente su mandato, las autoridades de los órganos del Estado tienen la obligación de sostener y promover conductas éticas y los valores proclamados en la Constitución (...), que promueve y defiende con prioridad el interés superior de la niña, niño y adolescente”, indicó la institución en un comunicado.
Para este organismo, la violencia contra menores y mujeres "se ha convertido en uno de los ámbitos más graves de vulneración de los derechos humanos en Bolivia”.
El problema, considera la Defensoría, "se sostiene y acrecienta por un sistema judicial, policial e incluso social que promueve y permite la impunidad, especialmente cuando los perpetradores resultan tener distintos niveles de poder e influencia”.
"Mientras este sistema oprobioso no cambie, los casos van a seguir incrementándose en todos los ámbitos y niveles en los que se evidencian”, advierte la institución.
La Defensoría cita como ejemplo el caso del diputado indígena Jacinto Vega, del partido del presidente Evo Morales (Movimiento Al Socialismo), y quien está acusado de, presuntamente, violar a dos menores de edad, pese a lo cual sigue ocupando su escaño en el Legislativo.
"Nos preocupa que, pese a la existencia de claros indicios y declaraciones de las víctimas (...), (el diputado Vega) mantenga en la actualidad sus prerrogativas como representante nacional, limitándose la instancia responsable a solicitarle que voluntariamente pida licencia”, denuncia la Defensoría.