Bajo pena de ser clausuradas, las entidades deberán reportar todas las donaciones y adquisiciones al Gobierno; la Contraloría podrá auditar sus trabajos. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), planteó un proyecto de ley que endurece el control a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en Bolivia.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), planteó un proyecto de ley que endurece el control a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en Bolivia.
"El  proyecto surge por la necesidad de transparentar y controlar las ONG como actores locales en el contexto del sistema de la cooperación internacional”, justificó el asambleísta del MAS.
En el documento, al que tuvo acceso Página Siete,  se establece la "obligatoriedad de registrar las donaciones de forma semestral que reciben las ONG y toda entidad que sea receptora de recursos económicos externos” en el Registro Único  de Organizaciones Sin Fines de Lucro del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
En el artículo 8 (Prohibición de condicionamientos) se señala que "no se aceptarán las donaciones en dinero y en especie que impliquen condicionamientos políticos ni ideológicos que afecten al principio de soberanía, siendo ésta una causal para el cierre de las ONG y toda entidad que reciba recursos externos o donaciones provenientes de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación internacional y otros”.
Asimismo, todas las  donaciones oficiales y no oficiales deben ser registradas en una "entidad técnica” dependiente del Ministerio de Planificación, con detalles de los "montos, destinatarios, objeto de las ayudas, plazos, formas de desembolso y otros de manera obligatoria”. En caso de incumplimiento, la organización perderá su licencia.
Todas las entidades deberán registrar los bienes donados o adquiridos como producto de las donaciones; también deben anotar las  donaciones, o su equivalente monetario, en los presupuestos institucionales.
Además, deben presentar el informe de actividades con cumplimiento de las metas y objetivos, balances y estados financieros de forma semestral, bajo pena de perder su personería jurídica.
El proyecto de ley expresa que la vigencia de las ONG estará sujeta a la verificación del cumplimiento de objetivos y fines de cada programa y el plan  ejecutado en territorio nacional, previa verificación de la presentación de informes y estados semestrales.
Las entidades están obligadas a contratar auditorías externas a la finalización de un proyecto y la Contraloría puede auditar, "en cualquier momento”, los proyectos que estén en ejecución.
Asimismo, la norma prevé  auditoría externa para las donaciones en especie. "Estas auditorías podrán ser realizadas por las unidades de auditoría interna de las entidades beneficiarias, la Contraloría  o empresas auditoras autorizadas que podrán ser procesadas a denuncia documentada de los beneficiarios”.

Borda anunció la redacción de este proyecto después de que el vicepresidente Álvaro García Linera, en agosto, amenazara con echar a cuatro ONG por realizar, supuestamente, actividad política.

Las entidades  sin fines de lucro en la mira
Normas  La Ley  351 y el Decreto Supremo 1597  regulan la otorgación y cancelación de las personerías jurídicas a las ONG y están vigentes; no obstante, el Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque vulnera el derecho a la libre asociación para conformar ONG. El órgano de control constitucional no dictó el fallo.
  Acusadas El Gobierno tiene en la mira a las ONG CEDIB, CEDLA y a las fundaciones Milenio y Tierra porque supuestamente realizan política partidaria. Amenazó con expulsarlas, aunque después aclaró que no fue así. Fue criticado por intelectuales de izquierda como Maristella Svampa y  Raquel Gutiérrez. García Linera aseguró que estos fueron engañados por las ONG.