Una jurista dijo que la exadministradora judicial emitía proveídos fuera de la ley. En su despacho informan que renunció y su abogado se negó a hablar.

La exjueza segunda de Ejecución Penal, A.L.M., fue denunciada por cobros indebidos y otros delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El Ministerio Público inició una investigación -hasta el momento- por retardación de justicia.

"No es bueno otorgar datos exactos porque no queremos entorpecer la investigación. Este caso comenzó hace unos tres meses o más. Principalmente por retardación de justicia, por ahora es el único delito por el que se la investiga”, informó el fiscal anticorrupción Edwin Blanco. 
La denuncia fue presentada por la abogada Jhandira Urquidi, quien aseguró que la exjueza incurrió en prevaricato, resoluciones contrarias a la ley y otros ilícitos, como el cohecho pasivo. 

La jurista contó que A.L.M. beneficiaba a una de las partes en un proceso con proveídos (resoluciones judiciales de trámite) de manera ilegal  y para evitar reclamos de la parte contraria, se ausentaba de sus funciones con bajas médicas.
 En ese tiempo el suplente emitía los proveídos conforme a procedimiento; pero cuando la jueza regresaba, "si no beneficiaba a la parte que ella quería, los tachaba con rádex y los rehacía o simplemente los desaparecía”, dijo Urquidi.
Para ser beneficiado con estos proveídos se debía pagar sobornos. "Si querías que salga rápido, tenías que pagar”.
 
 Página Siete buscó a la denunciada en su despacho, donde una funcionaria dijo que ella había renunciado hace tiempo. En contacto telefónico, su abogado dijo que se contactó con su cliente y le dijo que no tenía por qué brindar  declaraciones a la prensa hasta que concluya la investigación.
 
En octubre, los reclusos de San Pedro realizaron un motín y emitieron un pronunciamiento firmado por los delegados en el que pidieron al Consejo de la Magistratura (CM) la destitución de A.L.M. La denunciaron por retardación de justicia e informaron que tenía unas 50 denuncias y 70 recusaciones en su contra.
Un día después la representante del CM en La Paz, Mónica Limachi, llegó hasta las puertas de la cárcel para comunicar a los privados de libertad que se intervino la oficina de la jueza, quien ya tenía una sanción de suspensión sin goce de haberes por dos meses, y se inició un proceso disciplinario que culminaría en su destitución. Sin embargo, fuentes extraoficiales informaron que en realidad renunció antes que su proceso avanzara.
Blanco dijo que la investigación penal seguirá hasta comprobar si la exjueza es o no culpable. "Mientras tanto rige el principio de inocencia”.  

 
Los castigos
Pena   El artículo 177 del Código Penal  establece una pena de dos a cinco años de cárcel para el funcionario que incurre en negativa o retardo de justicia.
Sanción  La omisión o retardación indebida en trámites o servicios que prestan los funcionarios judiciales constituyen una falta grave de acuerdo con  la Ley 025, y es sancionada con suspensión de uno a seis meses sin goce de haberes. 
Denuncias  Tras la divulgación del "video extorsión”, por el que tres exmagistrados anticorrupción y una secretaria fueron encarcelados, aumentaron las denuncias contra jueces ante los medios.