El próximo 6 de febrero deben entran en vigencia por decisión de la Asamblea Legislativa • Existen empero opiniones divergentes al respecto, por lo que habrá que considerarlas

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, César Cabrera Román, informó a EL DIARIO que, como ente colegiado de carácter nacional, ha solicitado a las autoridades de Gobierno se posponga la entrada en vigencia de los denominados códigos Civil y de Familia, porque no han sido debidamente puestos en conocimiento público, mediante consultas a instituciones y organizaciones que están en condiciones de formular su conformidad o sus objeciones.

Oficialmente se tiene previsto que los mencionados códigos, de contenidos básicamente éticos y morales, entren en ejecución el próximo mes de febrero.

Para Cabrera son solo buenas intenciones, “pero cuando a las actitudes no acompañan opiniones diversas, que como queda dicho pueden ser divergentes o por lo menos sometidos a revisión, es posible el fracaso” sostuvo, a tiempo de señalar que el Estado boliviano no ha tenido la predisposición de difundirlos, menos efectuar consultas, puesto que se trata de instrumentos legislativos que van a generar un cambio profundo en lo que es la tramitación escrita, que es propensa al “papeleo, para incorporar la oralidad sin haber tenido experiencias concretas al respecto”.

Afirmó que los colegios de abogados en todos los departamentos han intentado suplir esta falta de difusión, de capacitación a jueces y abogados, fiscales y a todos los que tienen que ver en la administración de justicia, pero considera que no han sido suficientes para suponer que han obtenido el consenso público necesario, por tratarse de modificaciones sustantivas en la justicia nacional.

Más todavía, Cabrera estima que puede incurrirse en precipitación, al extremo de que se ingrese en el “plano del desconocimiento total de estas normas y que genere un rechazo de la sociedad civil”.

En cuanto a la formación y capacitación de los operadores de justicia, que fue uno de los principales argumentos para que la Asamblea Legislativa adopte la determinación de suspender su plena vigencia el 7 de agosto de 2015, para el próximo 6 de febrero, Cabrera fue claro al señalar que no se “trata de capacitar a una sola parte, porque, en cualquier juicio, quienes tienen que ver no sólo son los jueces”. “Si los capacitamos solamente a ellos y los abogados estamos en pleno desconocimiento de las normas, entonces va a fallar el asunto”, dijo.

Asimismo, mencionó que en un convenio con la Escuela de Jueces se hicieron capacitaciones parciales, puesto que no han sido permanentes para lograr y obtener resultados favorables.

OPINIÓN DE UNA LESGILADORA

Al respecto, la diputada de oposición Norma Piérola declaró a EL DIARIO que “no se han cumplido las disposiciones legales pertinentes para modificar la normativa vigente, lo único que hizo el Gobierno fue enviar a la Asamblea Legislativa los textos ya elaborados para su aprobación, para seguir vulnerando la Constitución Política del Estado y hacer un avance en el llamado proceso de cambio”.

“Los procedimientos se los ha entregado sin competencia alguna y sin atribución a los ministerios que no tienen nada que ver, porque un reglamento no es lo mismo que un procedimiento. En este caso, ninguna ´ley se ha socializado, por lo tanto vamos a modificar primero el Código de Procedimiento Civil y no el Código Civil, es decir que primero se aprueba un procedimiento y no la ley sustantiva”, señaló.