LA FALTA DE ALIMENTOS Y LA CRISIS ECONÓMICA FUERZAN LA DECISIÓN

La Asamblea Nacional  venezolana declaró ayer  la "crisis alimentaria nacional” y en virtud de ello pidió que la FAO y la Unicef envíen expertos internacionales que evalúen los riesgos que entraña el problema para los 30 millones de habitantes del país caribeño. 

El acuerdo parlamentario, "mediante el cual se declara la crisis humanitaria y la inexistencia de la seguridad alimentaria”, fue aprobado a mano alzada por la mayoría de diputados de la oposición política y rechazado por la minoría chavista afín al presidente, Nicolás Maduro. 

El jefe de Estado "nada dijo sobre el estado de la seguridad alimentaria” en el informe anual que presentó el mes pasado y su Gobierno tampoco presentó un plan gubernamental con políticas que intenten revertir "la inseguridad alimentaria”, dice el texto del legislativo.  

El estatal Banco Central (BCV) más bien "suplantó las cifras de escasez de alimentos con unas de acaparamiento situándola en la alarmante cantidad global de 87%”, en momentos en que "resulta inocultable la ausencia de productos” en los mercados de abasto, añade el acuerdo de la Asamblea Nacional (AN). 

Entre las exigencias al Gobierno contenidas en el texto destaca la que le ordena, de manera "perentoria”, presentar ante la AN "un plan de seguridad alimentaria” que, entre otras cosas, contemple un calendario de pago de deudas a proveedores extranjeros, en el marco del control estatal de divisas existente desde inicios de 2003.

Eliminación de controles

También que dicho plan gubernamental prevea la eliminación progresiva de otros "controles y trabas que perjudican” la producción nacional, la publicación "periódica y detallada” de cifras sobre la escasez de alimentos, de la inflación y del "costo de la canasta básica”. 

A la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) le requiere que su comisión de expertos internacionales evalúe in situ los riesgos que entrañan "la inseguridad alimentaria” y que además "cotejen la fiabilidad” de las cifras oficiales y a la Unicef "que evalúen el estado de malnutrición infantil”. 

El diputado oficialista  Ricardo Molina  dijo en el debate, previo a la aprobación del acuerdo parlamentario, que la declaración de crisis humanitaria en el sector de los alimentos constituía un espaldarazo a advertencias de jefes militares estadounidenses de que, únicamente  en casos extremos como ese, Washington consideraría "una intervención”. 

Además, alertó Molina, la declaración de la crisis obligaría a Maduro a expropiar Empresas Polar, la principal productora nacional privada de alimentos. "Hagamos el trabajo completo, científicamente, y nos daremos cuenta de la realidad”, dijo.