Después de  las últimas afirmaciones del periodista Carlos Valverde, que dijo que el supuesto hijo de Gabriela Zapata y del presidente Evo Morales "no existe”, el oficialismo planteó cambiar la Ley de Imprenta.

 

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Mireya Montaño abrió la polémica, al afirmar que en el interior del partido oficialista se analizan posibles modificaciones a  la ley para que se adecúe a la CPE  y así evitar calumnias y difamaciones contra autoridades políticas. 

 

Inmediatamente los opositores afirmaron que el Órgano Ejecutivo busca "callar la boca a los periodistas” que dan información que no le gusta al Gobierno.

 

"Soy partidario de abrir el debate. Hay que abrir el debate para modificar la Ley de Imprenta, es oportuno. Hay que debatir frente a la autorregulación y la regulación. Hay que debatir los alcances, hay que ver legislación comparada”, manifestó  ayer el ministro de Autonomías, Hugo Siles, luego de participar en el  gabinete de ministros.

 

Su colega de la cartera de Desarrollo Rural y de Tierras, César Cocarico, respaldó la idea. Afirmó que cada ley obedece a diferentes momentos y escenarios políticos, por lo que deben actualizarse. 

 

"Las normas no tienen que ser para toda la vida, los escenarios políticos son distintos. Si la sociedad considera que es importante cambiar la ley políticamente se tendrá que evaluar”, señaló la autoridad.

 

La ministra de Comunicación,  Marianela Paco, confesó haber esperado desde 2010  la modificación de la Ley de Imprenta para que se adecúe  a la actual Constitución Política del Estado (CPE). "Se va a generar nueva normativa y ése es un tema que está pendiente desde 2010. Yo voy esperando que en el marco de la autorregulación vayamos mínimamente a adecuar a la CPE la Ley de Imprenta”, dijo la Ministra de Comunicación.

 

 

Desde la oposición ven la intención de la diputada Montaño como un peligro para los periodistas. "Se quiere cambiar la Ley de Imprenta para poder encarcelar injustamente a los periodistas, luego vendremos nosotros, los asambleístas”, afirmó el senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo.

 

Consultado sobre la idea de Montaño, el diputado de UD Wilson Santamaría dijo que se pretende modificar la ley "para enjuiciar a quienes proporcionan información que pone en riesgo al propio Gobierno”. El diputado consideró que la futura ley será una manera de "meter a la guillotina” a quienes brinden  información que afecte al

MAS. 

 

El diputado Gonzalo Barrientos, del mismo frente político, aseguró que cambiar las leyes para que nadie fiscalice al partido oficialista es una característica de este Gobierno. "Quieren  coartar la libertad de expresión, la libertad de ser informados sobre los hechos de corrupción en diferentes instancias”, afirmó.

 

El presidente de la  Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Nelson Martínez, rechazó cualquier cambio a la norma. 

 

"En una reunión del directorio debatimos el tema y consideramos que la Ley de Imprenta, vigente desde 1925, es un patrimonio jurídico del Estado y de los periodistas bolivianos. Consideramos que esta norma no requiere modificación alguna”, dijo Martínez.