La Paz, 20 de julio (ANF).-  El municipio de Porco ha superado con mucho el techo presupuestario que por ley debe destinar para combatir la violencia hacia las mujeres.  De 70 mil bolivianos que inscribió en su presupuesto del 2014 ha pasado a destinar más de 290 mil bolivianos en la presente gestión.

 

“Esto no es sólo cuestión de cifras, es una demostración de firme voluntad política y sólida organización social”, explicó a ANF María del Pilar Ramos, trabajadora social del Servicio Legal Integral (SLIM) que ahora está conformado por un equipo multidisciplinario que incluye también a un abogado y una psicóloga. 

 

Porco es la capital de la Tercera Sección Municipal de la provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, vive de la explotación minera desde antes de la colonia y se rige por usos y costumbres que datan del señorío de los Qaraqaras.

 

Actualmente cuenta con una población de más de 10 mil habitantes. En 2015 registró 125 casos de violencia familiar y entre enero y mayo de este año el SLIM ha registrado 32 denuncias de violencia física, psicológica y económica, y el feminicidio de Marlene Choquevillca, una joven de 24 años, que dejó a cuatro niños en la orfandad.

 

“Cada vez son más las mujeres que se animan a denunciar y cada vez es menos frecuente el silencio cómplice de la sociedad”, aseguró Ramos.

 

Reconoció que no fue fácil diseñar una estrategia de lucha contra la violencia en una sociedad “con una fuerte presencia de trabajadores mineros y con una sólida incidencia de las autoridades originarias comunitarias”.

 

Pero poco a poco se fueron rompiendo los cercos machistas. “Capacitamos a los trabajadores mineros, hicimos talleres sobre masculinidades, desmontamos los mitos machistas, involucramos a la dirigencia de las dos cooperativas mineras, Porco y Wayna Porco, y también de la Sociedad  Minera Illapa”.

 

En dos años capacitaron a más de 500 trabajadores mineros e impulsaron una campaña de vacunación contra la violencia “en la misma bocamina, allá donde están trabajando los mineros, aplicamos nuestra dosis antiviolencia y entregamos nuestra manilla que identifica a quienes se comprometen a promover una vida libre de violencia”.

 

Para llegar a las comunidades, capacitaron a promotores y promotoras comunitarias.  “Actualmente contamos con 37 promotores, actúan en estrecha relación con la población de las 14 comunidades que integran el municipio, su trabajo es vital para la prevención de la violencia, pero también para remitir los casos al SLIM”.

 

Asimismo, se ha constituido una Red Municipal de Lucha contra la Violencia integrada por el Gobierno Autónomo Municipal, SLIM, DNA, Centros de Salud, distrital de educación, Policía, FELCV, OTBs, Sociedad Minera Illapa, Radio Porco, Asociación de Centros de Madres, entre otras. 

 

“Desde su constitución, la Red ha incidido para la aprobación de leyes municipales permitiendo que el sistema de atención mejore sustancialmente”, informó Ramos. 

 

En mayo, el alcalde Freddy Lugo Carmona, promulgó la Ley Integral Municipal de Lucha Contra la Violencia que además de institucionalizar la Red Contra la Violencia, instituye programas de prevención permanentes, fortalece el SLIM y reconoce el trabajo de promotores y promotoras comunitarias.