El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó ayer que el proyecto que modifica la Ley 264 no cargará nuevas responsabilidades a los gobiernos subnacionales, sino que agilizará la ejecución de los recursos  que reciben gobernaciones y alcaldías del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinados a seguridad ciudadana. 

 

"La modificación es para mejorar la apropiación del gasto, facilitar la ejecución presupuestaria en el nivel subnacional y fortalecer operativamente a la Policía para tareas de seguridad ciudadana. Se ha malentendido en el sentido de que se está asignando nuevas responsabilidades y competencias a los alcaldes y gobernadores, y nada de esto es correcto”, dijo Romero. 

 

La autoridad asistió ayer a la Cámara de Diputados precisamente para explicar los alcances de la nueva norma, debido a que algunos diputados sostuvieron que con esa modificación se repartirán funciones que no corresponden.

 

En la Cumbre Nacional que se realizó en 2011, con la participación de distintas autoridades de los gobiernos subnacionales, se definió que al menos el 10% de los recursos que reciben estas instancias del IDH deben destinarse a tareas de seguridad ciudadana.

 

  Pero conforme pasaron los años se vio que hay problemas en la ejecución de estos ingresos. Según Romero, ese 10% representa 700 millones de dólares por año en todo el país, y esa cantidad nunca alcanzó una ejecución si quiera del 70%. Añadió que hasta diciembre de 2015 se tenía 1.000 millones de bolivianos sin ejecutar desde años atrás. 

 

En distintas reuniones con alcaldes y gobernadores se determinó que hay vacíos en la Ley 264 que dificultan la inversión del dinero. Para solucionar esto se elaboró un paquete normativo, del cual es parte el proyecto modificatorio. "Entonces lo que hacemos es simplemente mejorar los conceptos de apropiación del gasto para garantizar la ejecución en tareas de seguridad ciudadana”, enfatizó el Ministro.