El Gobierno remitió ayer a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para luchar contra la inseguridad ciudadana. Se restringirán los derechos a los delincuentes y se les anotará sus bienes.

La eliminación de las medidas sustitutivas a la detención para delincuentes reincidentes y condenas superiores a los cuatro años para que los jueces corruptos no se beneficien con el perdón judicial en caso de ser procesados, plantea el proyecto que remitió el Gobierno al Legislativo para luchar contra la inseguridad ciudadana. La propuesta, a la que tuvo acceso La Razón, consta de 44 artículos y una disposición final única que prevé la eliminación de la jurisprudencia que construyó el Tribunal Constitucional con sus fallos sobre diferentes materias y casos recurridos de inconstitucionalidad o contrarios a la derogada Constitución Política. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicaron algunos detalles de la propuesta que modifica el Código Penal y de Procedimiento. Arce sostuvo que la iniciativa apunta a “dar celeridad y efectividad a la acción de la justicia ante la comisión de delitos”. Hasta el momento, cualquier delincuente reincidente puede beneficiarse con medidas sustitutivas a la detención. Este derecho, en este caso, será restringido de aprobarse el proyecto de ley, que además faculta a la Fiscalía a disponer la anotación preventiva de los bienes de los acusados. Se fija un plazo de 20 días para concluir con la investigación policial preliminar de un hecho delictivo y se garantiza, a diferencia de lo que sucede actualmente, que la víctima sea asistida con un abogado de defensa pública. También se endurecen las sanciones penales contra jueces que incurran en delitos de prevaricato o resoluciones contrarias a la ley, y cohecho o solicitud de coimas para favorecer a una de las partes. En el caso de prevaricato, las condenas van de 4 a 7 años, mientras que por cohecho la pena es de 4 a 8 años de cárcel. La retardación de justicia también se castigará con presidio de 4 a 6 años. En consecuencia, en caso de que un juez reciba una sentencia condenatoria, no podrá beneficiarse del perdón judicial concedido a personas con condenas de hasta 3 años. “Sin entrar y sin volver ante el antiguo sistema acusatorio, lo que plantea este proyecto de ley es una serie de reformas para que dentro de las garantías que conlleve este sistema garantista se le dé efectividad a la Justicia, que los procedimientos sean ágiles y rápidos”, explicó Arce. Llorenti indicó que se pondrá en marcha un Observatorio de Seguridad Ciudadana que monitoreará el trabajo de los operadores de justicia. “Se controlará a fiscales, jueces y (se hará seguimiento de) casos para determinar cuáles están en situación de reincidencia y así garantizar que estas personas sean debidamente procesadas”, explicó. En materia de Régimen Penitenciario, se decidió que la Dirección de Régimen Penitenciario traslade sin autorización judicial a un reo de un recinto carcelario a otro. Arce anunció que se aprobará con celeridad esta iniciativa. Algunos de los artículos de reformas en el sistema judicial Víctimas La víctima, a diferencia de lo que ocurre hoy, gozará de la protección del Estado, que le otorgará un abogado de oficio. No se beneficiarán con medidas sustitutivas delincuentes reincidentes o que pertenezcan a organizaciones delictivas. La detención preventiva cesará cuando exceda los 18 meses sin una acusación o los 36 meses sin una sentencia. La fianza juratoria procederá cuando sea previsible que el imputado será beneficiado con el perdón judicial. Una medida cautelar real (anotación de bienes) será dispuesta por el juez para garantizar la reparación del daño ocasionado. La anotación preventiva de los bienes del imputado puede ser dispuesta directamente por el fiscal, iniciada la pesquisa. La incautación se aplicará al patrimonio, medio e instrumentos para la comisión o financiamiento del delito. Jueces En caso de encontrarse sustancias controladas en avionetas, lanchas y vehículos, serán confiscados y entregados a las FFAA. Las investigaciones preliminares efectuadas por la Policía deberán concluir en un plazo máximo de 20 días. En caso de un delito flagrante, se solicitará el procedimiento abreviado y se solicitará una salida alternativa. El juez que cometa el delito de prevaricato (resoluciones contrarias a la ley) será sentenciado con 4 a 6 años de presidio. El juez que incurra en cohecho (inducir o aceptar coimas) será sancionado con una condena de 4 a 8 años de cárcel. El juez y funcionario que incurra en negación o retardación de justicia será sancionado con un presidio de 4 a 6 años de cárcel. El Director General de Régimen Penitenciario podrá decidir el traslado de un reo de un recinto carcelario a otro. Compromiso Anulan jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Deja de tener carácter obligatorio o vinculante para decisiones judiciales. Detención domiciliaria, presentación ante juez, arraigo, fianza juratoria, entre otros, se constituyen en medidas sustitutivas. Se autoriza al Consejo de la Judicatura cumplir con la tarea disciplinaria hasta tanto se constituya el Consejo de la Magistratura. El control disciplinario implica la inspección periódica administrativa y disciplinaria a tribunales, juzgados y otras instancias. El Gobierno anunció la creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana para hacer seguimiento a los operadores de justicia. El presidente de Diputados, Héctor Arce, comprometió que la Asamblea Legislativa Plurinacional agilizará la vigencia de la ley. La propuesta de ley pasó a la Comisión de Justicia para su tratamiento y posterior remisión al pleno camaral de Diputados.