La Justicia rechazó la tarde de este miércoles la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa del exdictador Luis García Meza, por incumplir tres requisitos referidos al trabajo, educación y un informe del Consejo Penitenciario.

Su abogado, Frank Campero, anunció que volverá a solicitar la libertad de su defendido porque el juez reconoció que cumplió dos terceras partes de su condena.

La juez 4to de Ejecución Penal, Abraham Aguirre, determinó negar el pedido de García Meza, quien fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por los crímenes cometidos durante su dictadura.

Durante la audiencia, varios activistas de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la dictadura demandaron a la Justicia rechazar la solicitud.

Aguirre informó en la audiencia que el solicitante cumplió 21 años y 9 meses de su condena.

La petición fue rechazada porque, según Campero, no fueron presentados documentos sobre trabajo y educación, además de que el informe del Consejo Penitenciario tenía una calificación de 26 sobre 100.

Consideró que el trámite fue rechazado por asuntos de carácter administrativo, por lo que anunció para la próxima semana la presentación de una nueva solicitud, previo cumplimiento de los trámites observados.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (ASOFAMD), Ruth Llanos, expresó su satisfacción por la determinación judicial y anunció que solicitará que García Meza sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ya que actualmente permanece en una sala del hospital militar Cossmil.

El expresidente de facto gobernó entre 1980 y 1981, tras un cruento golpe militar que derrocó a su antecesora Lydia Gueiler. Fue sometido a un juicio de responsabilidades en la Corte Suprema de Justicia y condenado en 1993 a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, en el penal de Chonchocoro.

El exgobernante fue condenado en rebeldía porque huyó de Bolivia. Fue descubierto y arrestado en marzo de 1994 en Sao Paulo, Brasil, tras una operación combinada de las autoridades de ambos países. Estaba escondido en un edificio residencial, en un barrio del aeropuerto y portaba documentación falsa.

La condición para acceder a la libertad condicional es haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta; tener buena conducta en el establecimiento penitenciario, no habiendo sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; y haber demostrado vocación para el trabajo, según parte del artículo 174 de la ley de Ejecución de Penas 2298.

En el caso de García Mesa, su condena es "sin derecho a indulto".