El proyecto de ley Marcelo Quiroga Santa Cruz fue aprobado ayer en su estación en grande en el Senado y permitirá la investigación a quienes se hayan enriquecido de “forma inusitada”.No se aplicará sólo a los funcionarios públicos.

La Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz fue aprobada ayer, en su estación en grande, en el Senado. La norma cuestionada por los opositores posibilitará la investigación, a simple denuncia, de personas privadas que causen daño económico al Estado y que producto de ello se hayan enriquecido de forma “inusitada”. La oposición advirtió que la ley se constituirá en un instrumento legal de persecución a quienes no coincidan con el Gobierno, pues la normativa no se restringe sólo a quienes son o fueron funcionarios públicos. Pese a las objeciones, el oficialismo, con su mayoría, aprobó en grande el proyecto en el pleno senatorial. A la sesión asistieron 35 asambleístas, la mayoría suplente. La normativa será analizada hoy en las bancadas y se prevé que mañana se registre la aprobación en detalle para remitirla a la Cámara de Diputados. El parágrafo IV del artículo 4 del proyecto establece que la ley se aplicará a “personas privadas, naturales o jurídicas y a todas aquellas personas que no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción o causen daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus recursos”. El artículo 27 de la misma norma señala que quien, “mediante actividad privada, incremente desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos afectando el patrimonio del Estado” y que no pueda demostrar que estos recursos provienen de una actividad lícita, “será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años” además del decomiso de los bienes obtenidos de forma ilegal. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Eduardo Maldonado, consultado por La Razón sobre el ámbito de aplicación de este proyecto de ley explicó que bastará una denuncia para que se investigue una “riqueza inusitada”. “De pronto usted ve a su vecino que tenía una casa de un piso y de pronto aparece con 10 pisos, un edificio al lado, otras dos mansiones más y no ha ganado la lotería ni tampoco existe una razón fundada que justifique razonablemente el incremento sustancial de patrimonio, entonces aparece una fortuna dudosa sobre la cual debe recaer una investigación, si es que alguien plantea la denuncia”, ejemplificó. La mencionada comisión fue la encargada de elaborar el informe acerca de esta norma y remitirla al plenario de Senadores. El presidente interino del Senado, René Martínez, aseguró que serán pasibles a investigación quienes sean sospechosos de acumular bienes de forma ilícita. “Estamos hablando de gente que de la noche a la mañana tenga ingresos que puedan hacer sospechar una acumulación de enriquecimiento ilícito”. La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, proyectista de la ley, añadió que esa normativa se aplica, por ejemplo, cuando el proceso de contratación o adjudicación de una obra por parte de una empresa privada es observado por irregularidades. “Si tenía que hacer una carretera y se evidencia una carretera en pésimo estado, significa que ha recibido recursos del Estado y será procesada (la empresa)”, explicó. En criterio del senador de oposición Róger Pinto (PPB-CN), la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no es más que un pretexto del oficialismo para perseguir a quienes no concuerden con el MAS. “Millones de bolivianos estarán a merced de cualquier denuncia o de cualquier ciudadano al que no le guste la cara de otro o no comparta sus opiniones, no sólo en la administración pública, sino también los ciudadanos particulares y cualquier ganancia que ellos consideren desmedida”. Entretanto, el vicepresidente Álvaro García Linera, en conferencia de prensa en Santa Cruz, agregó que esta normativa servirá para sancionar a “quienes le robaron, le están robando o quisieran robarle al Estado”. Aplaudió la aprobación de la norma. Los bienes serán incautados La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, explicó que el proyecto de ley Marcelo Quiroga Santa Cruz permitirá la incautación de bienes de quienes hubieran cometido delitos de corrupción mientras se realiza el proceso de investigación. “Lo que hay que hacer es directamente incautar los bienes mientras dure el proceso y si el investigado fuere sobreseído, los bienes serán restituidos”, dijo. El proyecto de ley en su artículo 27 estipula el decomiso de los bienes. “El que mediante actividad privada incremente desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando al patrimonio del Estado no logrando desvirtuar tal situación, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente”, señala la norma. “Hemos visto cómo las personas que están denunciadas inmediatamente hacen desaparecer los bienes, un ejemplo claro es el de Manfred Reyes Villa” y por eso se tomó esta previsión, aseguró Suxo. Existen tres niveles de delitos El proyecto de ley Marcelo Quiroga Santa Cruz establece una escala de tres niveles de delitos que son considerados como leves, medios y graves. Las penas abarcan entre 1 a 10 años de privación de libertad. Entre las modificaciones al Código Penal que plantea la mencionada normativa se encuentra el artículo 154 relacionado al incumplimiento de deberes, tipificado como delito y que comprende una pena de privación de libertad de uno a cuatro años; esta sanción es considerada como leve. La ministra Nardi Suxo dijo al respecto: “Los delitos leves son aquellos cuando no se causa un daño económico al Estado. Los medios tienen pena privativa de libertad de tres a ocho años”, como el delito de malversación que ya está tipificado en el Código Penal, pero que actualmente tiene una sanción de un mes a tres años, “es ridículo”. Explicó que los delitos considerados graves tienen una pena de 5 a 10 años de privación de libertad y puso como ejemplo el prevaricato.