Página Siete/ La Paz

 

Un centenar de personas trans   han cambiado su identidad en sus documentos  desde que entró en vigencia la Ley 807 de Identidad de Género, hace un año. La comunidad GLTBI rechaza con instrumentos legales el recurso de inconstitucionalidad que busca anulación de la norma.  

 

"La Ley 807 ya ha cambiado más de 100 vidas de personas transexuales y transgénero. Ya portan un carnet que cambia el nombre, imagen, identidad y  cada día son más. Con documentos que estén acorde a su identidad cambian enormemente sus vidas en educación, salud, trabajo. Se vuelven  ciudadanos bolivianos plenos con todos los derechos”, informó el activista Martín Vidaurre,  director de la ONG Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC).

 

Recalcó que de las 14 instituciones que deben tener un reglamento acorde a la norma, 12 ya han implementado el documento. "En el ministerio de Educación, por ejemplo, ya pueden cambiar títulos de bachiller y  profesionales. Hay cambios  en el SEGIP, en Migraciones y otras. La norma está cambiando  mentes y corazones de miles de servidores públicos para que atiendan con calidad y calidad a las  personas trans”, asegura.

 

Respecto a la Ley de Identidad de Género, aprobada en mayo 2016, fue interpuesto    un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de Justicia (TCP). El recurso, que busca la anulación de la norma, fue presentado en octubre pasado por  tres  asambleístas -Ernesto Poppe (PDC), Lenny Chávez y Grover Huanca (UN)-  junto a   la Plataforma por la Vida.  

 

Su argumento es    que con la vigencia de la Ley 807  las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o Intersexuales (LGBTI) podrían a la larga casarse y adoptar hijos. Ello -sostienen-  "distorsionaría” el concepto de  familia.

 

La comunidad LGBTI, que se opuso desde el principio al recurso, ahora lucha contra el mismo con armas legales. Además,     tiene el apoyo de organizaciones de varios países que felicitan la Ley Identidad de Género y manifestaron su apoyo en la pasada cumbre internacional.

 

"Los diputados que presentaron ese recurso desobedecen la  CPE, que determina que no se puede discriminar por orientación sexual o identidad de género a nadie.  Por eso el TCP ya ha recibido más de 40 amicus curiae (presentaciones realizadas por terceros  que ofrecen voluntariamente su opinión en un litigio) apoyándonos desde Bolivia y países vecinos”, explica Vidaurre.

 

Lamenta, sin embargo, que el TCP haya solicitado opiniones técnicas sobre el tema   al Colegio Médico, a la Conferencia Episcopal Bolivia y sólo algunas organizaciones LGBTI.