Ocurrió en julio de 2015.

Familiares y representantes de las víctimas pidieron hoy a la Fiscalía replantear la investigación del asesinato en Ciudad de México del fotoperiodista Rubén Espinosa y de cuatro mujeres, en julio de 2015.

Los allegados de las víctimas reclaman una reformulación en el proceder de la investigación y la selección de un grupo especializado que le dé atención constante.

“Exigimos que se cumplan todos los puntos de esta recomendación” dirigida este miércoles a la Procuraduría General de Justicia (fiscalía) por la Comisión de Derechos Humanos de la capital, expresó Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista, en conferencia de prensa.

“La recomendación tiene medidas que permitirán enderezar este caso y detectar otras personas responsables del crimen”, agregó la abogada Karla Michelle Salas.

Añadió que existen suficientes indicios en la escena del crimen para afirmar que existen más personas involucradas.

Leopoldo Maldonado, abogado de derechos humanos, espera provocar cambios en la Procuraduría, obligada a acometer las investigaciones desde “una perspectiva de género y de defensa de derechos humanos”.

Otro de los abogados, Héctor Pérez, cargó contra la incompetencia de la institución, plácida mientras va “acumulando papeles”.

“La Procuraduría piensa que terminó su labor y esto no es así”, dijo.

La institución cuenta con 15 días para pronunciarse respecto a la recomendación, que señala algunas violaciones a los derechos de los familiares de las víctimas y deficiencias en la actuación del Gobierno local.

Pérez consideró “altamente probable” que se acepte la recomendación, algo que no les basta pues exigen que “se le dé seguimiento”.

Los familiares esperan una respuesta pública inmediata del jefe del Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para no ver agravados sus intereses políticos en vista de su intención de contender en las elecciones presidenciales de 2018.

Pérez analizó una metodología jurídica fallida en la que se aceptan de manera sistemática las recomendaciones pero luego no se les da seguimiento.

Criticó también el sistema de atención de víctimas, que solo, dijo, pretende anestesiar y se convierte en un “medio de control”.

Todo ello representa una “ceguera voluntaria” por parte del Gobierno de Ciudad de México, que buscaría protegerse de “lo que hay detrás de este crimen y lo que detonaría que salga a la luz”, añadió.

“La Procuraduría no quiere investigar por negligencia o tiene temor de lo que las investigaciones arrojen”, aseveró Pérez.

Asimismo, consideró cómplice a la institución por los moderados interrogatorios al hoy exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien actualmente está detenido en Guatemala a la espera de su extradición a México, donde es requerido por delincuencia organizada y narcotráfico, entre otros crímenes. (EFE)