El Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende aprobar la Ley de la Servidora y Servidor Público que absorberá a los trabajadores de las universidades estatales, los gobiernos autónomos departamentales, empresas estatales municipales, regionales e indígenas, del Poder Judicial, del Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Contraloría General de Estado, Defensor del Pueblo, Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Estas instituciones del Estado, en la actualidad no se encuentran bajo tuición de la Ley 2027 del Funcionario Público, y están normadas bajo sus propias leyes y estatutos orgánicos. Este proyecto de ley del Ministerio de Trabajo ya es resistido por tres sectores. Los primeros rechazos surgieron de los trabajadores petroleros, médicos y universitarios que ya iniciaron movilizaciones y anunciaron nuevas protestas para la siguiente semana como el Colegio Médico de La Paz. El jueves, médicos y trabajadores en salud de Santa Cruz protagonizaron una marcha de protesta al igual que los estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno que temen que la Ley del Servidor Público afectará a la carrera administrativa y profesional del sector salud, la estabilidad laboral y la autonomía universitaria. Según el proyecto, “los Órganos Legislativo, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional y Electoral, así como la Contraloría General del Estado, Defensor del Pueblo, Ministerio Público, Procuraduría General de Estado y autonomías, necesariamente, adecuarán su estructura organizacional y la jerarquía de los puestos a la clasificación establecida en la misma norma”. El artículo 4 (Ámbito de aplicación) de la menciona norma señala que “la presente Ley es aplicable, en la forma y condiciones que se estipulen, a todas las servidoras y servidores públicos que forman parte de a) La Administración Central, a través de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional y Electoral, comprendiendo a sus entidades bajo tuición, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y universidades públicas”. En sus incisos b, c, d, y e se incluye a las prefecturas departamentales no autonómica, las autonomías departamentales, regionales y municipales, autonomías indígena originario campesinas, respetando su autodeterminación, empresas públicas, empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con participación estatal mayoritaria, a nivel central o autonómico. En su segundo parágrafo del artículo cuarto se señala que “el régimen de la carrera administrativa previsto en la presente Ley, no será aplicable a las Fuerzas Armadas ni a la Policía”. La actual Ley 2027 del Funcionario Publico de octubre de 1999, señala en su artículo tercero, parágrafo segundo, señala que “igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Estatuto, los servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas. En el siguiente añade que “las carreras administrativas en los gobiernos municipales, universidades públicas, escalafón judicial del Poder Judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, se regularán por su legislación especial aplicable en el marco establecido en el presente Estatuto”. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, manifestó que ese sector pide que este artículo se mantenga tal cual en la nueva ley. Si bien en el proyecto del Gobierno el sector salud, explícitamente, no está mencionado, Larrea afirmó que tampoco está excluido como lo están las Fuerzas Armadas y la Policía por lo que existe el riesgo que a la larga sí sean incluidos en la norma. Los galenos paceños tienen programada una marcha el jueves próximo desde las 11:00. Según Larrea, existe un acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para asumir medidas de presión conjuntas y no descarta que el magisterio urbano se una a las protestas. Deben hablar dos idiomas El proyecto de Ley de la Servidora y Servidor Público establece que los trabajadores que dependan del Estado deben hablar al menos dos idiomas oficiales de los 37 que tiene el país, además entre otras exigencias, haber cumplir con el Servicio Militar, en el caso de los varones, y tener nacionalidad boliviana. El documento, en su artículo 34. (Obligatoriedad), establece que “en aplicación del artículo 234 de la Constitución Política, para el ejercicio de la función pública se requiere hablar al menos dos idiomas oficiales del país (castellano y los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, establecidos en el artículo 5 de la CPE)”. Uno de los idiomas será el castellano y el segundo se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población, para el efecto se deberá tomar donde trabaja el servidor administración central, descentralizada o autónoma. El artículo 37 señala que “todos los servidores públicos del Estado Plurinacional de Bolivia, en un plazo máximo de dos años, computables a partir de la publicación de la presente Ley, deberán hablar el segundo idioma oficial”. El proyecto de ley establece, entre los requisitos para acceder a la función pública, “imprescindiblemente” contar con nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, en el caso de varones, no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento, estar inscrito en el padrón electoral (biométrico) y haber vencido satisfactoriamente el programa de ingreso a cargo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Dentro de algunos beneficios para los servidores se encuentra el derecho a las vacaciones, La norma incluye en la escala del descanso laboral los ocho días hábiles para quienes hayan cumplido los seis meses y un día de trabajo. En la actualidad ese derecho se ejerce solamente cuando se cumple un año de trabajo. Los servidores también gozarán de incentivos económicos y no económicos, un día de asueto el 19 de marzo, para los padres, y el 27 de mayo para las madres, y mediodía por el onomástico del trabajador. Algunos artículos del proyecto Movilidad funcionaria: La movilidad funcionaria es el conjunto de cambios a los que la servidora o servidor público se sujeta, desde su ingreso a la función pública, hasta su desvinculación o cesacíón en sus funciones. Rotación y transferencia: Los servidores públicos de igual jerarquía podrán rotar de forma temporal dentro de la misma entidad. La transferenca es el cambio definitivo. Incentivos: Los funcionarios recibirán incentivos económico y no económicos conformen a los resultados de la evaluación que se les hará. Servicio Militar: Los varones están obligados a cumplir con los deberes militares. Nacionalidad: Para asumir la función pública deben tener nacionalidad boliviana. Vacación: Los servidores con seis meses y un día hasta un año podrán gozar de ocho días hábiles de vacación.