En una revisión de este tipo de hechos realizada por Página Siete, se evidenció que las mujeres sufren distintos tipos de violencia en espacios públicos.

Milen Saavedra  / La Paz

En 2017, el alojamiento  Valle Grande  fue el escenario de la muerte de Viviana Salazar, quien tenía 39 años. Ella fue estrangulada por su pareja. Como en este caso, delitos en contra de la mujer son comunes en hospedajes de las ciudades de La Paz y El Alto, sobre todo violaciones, además de feminicidios.

Según informes del hecho, la pareja de Viviana, Humberto P. Ch., huyó del lugar y, posteriormente, el personal del alojamiento convocó a la Policía para denunciar que al interior de una de las habitaciones se encontraba un cadáver. Después, los efectivos policiales fueron al lugar y recogieron el cuerpo de la víctima. Además, recolectaron como pruebas del delito manchas de sangre, ropa de la mujer y un chip de celular que se encontraba dañado  con el fin de dar con el autor del crimen.

A través del chip se logró identificar números telefónicos de personas que podrían conocer a la víctima y se los convocó al Hospital de Clínicas para que reconocieran el cuerpo. De este modo se logró identificar a la mujer.

De acuerdo a estadísticas de la Policía Boliviana, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz registró 44 delitos contra la mujer en alojamientos, entre abuso sexual (tres), estupro (16), feminicidio (dos), tentativa de violación (uno), violación (10), violación de infante, niño, niña o adolescente (cuatro) y violencia familiar (ocho), entre enero y octubre de  2017.

Con estos casos, la Policía informó también que en el ámbito estadístico  La Paz se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional en delitos de violencia en contra de la mujer cometidos en alojamientos, hoteles, moteles, hostales, residenciales y similares, después de Santa Cruz. En ese sentido, los hospedajes se han convertido en lugares comunes donde se cometen hechos ilícitos en contra de la mujer.

En el ámbito departamental, los datos de la Policía indican que atendieron y recibieron denuncia de 15 delitos en alojamientos, hoteles, moteles y residenciales  durante el primer semestre de 2017. Estos incluyen abuso sexual (uno), estupro (cuatro), tentativa de violación (uno), violación (ocho) y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) registró un  caso de trata de personas.

Sin embargo, la Policía no otorgó más datos sobre las víctimas o los agresores. En ese sentido, el equipo de Página Siete hizo una revisión hemerográfica de noticias publicadas por medios locales y nacionales y la sistematización del portal digital. ¿Cuántas más? El objetivo fue identificar las denuncias de violencia registradas en hospedajes de las ciudades de La Paz y El Alto y ampliar la información otorgada por la FELCV.

Así, entre febrero de 2016 y noviembre de 2017, se encontraron 21 casos de feminicidios, violaciones e intentos de violación en alojamientos y hostales publicados en la prensa boliviana.

De estos hechos identificados, 14 se dieron en La Paz y siete en El Alto. Además, las edades de las víctimas oscilan entre los 13 y 54 años. En cuanto a los agresores, va desde los 18 a los 46 años.

Específicamente, seis casos fueron feminicidios, 13 violaciones y dos tentativas de violación. (Ver línea de tiempo).

Según los datos que lanza la prensa boliviana, la mayoría de los delitos en contra de la mujer sucedieron en alojamientos sean estos legales o clandestinos. Solo uno de los casos identificados se dio en un hostal, el  Ecobamba, de la zona central de La Paz. Los hospedajes en los que se denunciaron estos hechos fueron  Piscis,  Valle Grande  y  Unicornio, todos   en El Alto.

En cuanto a La Paz, las agresiones se dieron en los alojamientos  Verano,  San Francisco,  Salomé, Máximo, Ibaré y otros sin nombre, es decir ilegales. Estos espacios están ubicados en distintos lugares de la ciudad, desde Villa Fátima hasta El Tejar, pasando por la zona central. En todos estos espacios no se controló el ingreso ni la seguridad de los visitantes, al menos  es lo que la Policía reportó en la prensa.

En 2016, una menor de 13 años fue víctima de violencia sexual en La Paz. El agresor contactó a la adolescente mediante Facebook haciéndose pasar por una persona de 15 años. Después la raptó y la llevó a un alojamiento en Villa Fátima. Según el informe policial, el acusado buscó un primer alojamiento, donde no le dejaron entrar; entonces, en el segundo lugar ofreció pagar más y le permitieron el ingreso sin pedir identificación a la adolescente.

En otro caso, Juliana Quispe, de 54 años, fue asesinada a golpes al interior del alojamiento  Piscis por su concubino Serapio M. Q., de 45 años. Según los reportes de prensa, la dueña del lugar afirmó que escuchó gritos y llantos de la habitación en donde se alojaba la víctima, pero asumió que se trataba de una “pelea común de pareja”, por lo que decidió no intervenir.

Para los expertos consultados por Página Siete, la inacción de la propietaria se debe a que la violencia en contra de las mujeres continúa siendo naturalizada.

“Es algo muy preocupante la naturalización de la violencia. Escuchamos casos así todos los días.

Tampoco se está viendo una decisión política, está la ley, estamos de acuerdo, pero se necesita una decisión. Habrá que ver si la violencia y el feminicidio contra la mujer está en la agenda política de nuestro país”, observó Griselda Sillerico, especialista en temas de violencia de género.

Aunque no hay datos o registro de la reacción de las personas que se encontraban en los alojamientos en el momento de los hechos de violación o feminicidio o si  previamente conocían a la víctima, existen datos a nivel nacional de este tipo de inacción frente a situaciones de violencia. 

De acuerdo con el estudio   Valores y actitudes ante la violencia en razón de género y consumos culturales en jóvenes, realizado el 2016 en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz por la Coordinadora de la Mujer y OXFAM, el 86% de los jóvenes conocen a alguna amiga que sufre violencia, pero a pesar de ello, deciden no actuar frente a ella. En ese sentido, el 78% de quienes fueron encuestados consideran que la violencia de género es un problema que deben resolver las autoridades, pero no creen que es algo que les compete a sí mismos.

“El tema de feminicidio y violencia contra la mujer son delitos de orden público. Eso lógicamente se ve en la administración de justicia, pero ahí hay que hacer el acompañamiento y seguimiento para que no caiga en la impunidad (por parte de la ciudadanía)”, comentó Sillerico.

Hay un incremento de casos

Según los datos que arrojó la revisión hemerográfica, en 2016 se denunciaron cinco casos de violencia en hospedaje. La mayoría, 15 hechos, sucedió en la gestión pasada. En este sentido, se evidencia un incremento de hechos en contra de la mujer en hospedajes y hoteles.

En 2017, uno de los hechos que tuvo más repercusión en los medios fue el de las dos trabajadoras del restaurante Mercat. Según el abogado de las víctimas, Jorge Valda, existen filmaciones  que fueron cortadas, pero en las que se logra ver cómo el acusado empuja a una de las jóvenes contra las mesas y a la otra la lleva al baño.

“Después subió a su vehículo y las llevó a un motel clandestino en Villa Fátima, donde ellas cuando reaccionan se dan cuenta que estaban siendo violadas”, agregó el jurista.

Según los informes de la prensa, las jóvenes estaban en el restaurante junto al acusado, quien se ofreció a llevarlas a sus domicilios. “Él les da de beber una sustancia amarilla diciendo que era refresco, les obliga a tomar. Ellas ven borroso, sienten adormecimiento y comienza ahí la agresión”, comentó Valda.

Otro caso denunciado sucedió cuando un médico, que llegó de Perú, asesinó a golpes a su enamorada  Karina Quispe  en La Paz. La pareja se conoció cuando el acusado estudiaba medicina en el país. En ese entonces, se manejó la hipótesis de que el consumo de bebidas alcohólicas habría generado una discusión entre la pareja al interior de la habitación del alojamiento donde murió la mujer.

“Si bien Bolivia  tiene avances normativos, no ha dejado de estar en primer lugar en violencia sexual (a nivel mundial) y en segundo lugar en  violencia contra la mujer. Eso tiene que preocuparnos porque no estamos hablando de un grupo poblacional, estamos hablando de la mitad de la población”, indicó Sillerico.

Esto implica un incremento tanto en la cantidad de hechos de violencia en contra de la mujer  como de denuncias, en el marco de la Ley 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

“Respecto a casos de violencia contra las mujeres, en estos espacios antes no se escuchaba tanto y no denunciaba. A partir de la promulgación de la Ley 348, hay abundantes denuncias. La mujer está despertando y va denunciando violencia sexual o cualquier tipo de violencia”, evaluó la delegada departamental de La Paz del Defensor del Pueblo, Teresa Zubieta.

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la revisión hemerográfica de casos, 15 de las 21 víctimas, el 71%, tenía una relación de pareja con su agresor. Esto coincide con la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres 2016, del Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Estadística (INE), que determinó que  en Bolivia  de cada 100 mujeres casadas o unidas, de 15 años o más, 75 sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja en el transcurso de su relación.

Cabe resaltar que  en cuanto a los delitos en alojamientos y hostales cometidos por desconocidos, dos de ellos eran taxistas. Uno de estos casos fue el de una joven que fue víctima de un ataque sexual por parte de un chofer de radiotaxi.

Según información de prensa, la víctima estaba con sus amigos en  Las Velas, donde compartieron comida y bebidas alcohólicas. Después  la joven subió al radiotaxi para ir a su domicilio, pero fue drogada y violada por el conductor.

En  otro caso, un chofer de taxi dopó y abuso de una joven de 21 años en un alojamiento de El Alto.

Las pruebas de la víctima fueron las imágenes de la cámara de seguridad, en las que se registró el hecho  y se evidenció que las personas presentes en el lugar no auxiliaron a la víctima, quien fue llevada inconsciente. Estas situaciones implican que tampoco hay seguridad en el transporte público.

Ante estos hechos, activistas indican que las autoridades deben realizar acciones, sobre todo de prevención para evitar que sigan aumentando la cantidad de víctimas. “El mundo está preocupado. No nos olvidemos que Bolivia ratifica una normativa internacional sobre erradicación, prevención y atención de la violencia contra la mujer, que es la Convención Belém do Pará, y su relatora está muy preocupada por los índices de violencia en el país. Ahí, el problema es el tema de la prevención”, añadió Sillerico.