Según colectivos feministas, durante los juicios de violencia de género cometido en hospedajes se cuestiona la actitud de la víctima y no del agresor.

Milen Saavedra  / La Paz

Humberto P. Ch., de 36 años, acusado de estrangular y matar a su pareja  Viviana Salazar Coronel, de 39 años, en el alojamiento  Valle Grande de El Alto, en febrero de 2017, no tiene sentencia y solo está detenido preventivamente. Como en este caso, el 95% de las víctimas de violencia de género y/o sus familiares en alojamientos y hostales no han encontrado justicia.

De acuerdo a la revisión hemerográfica realizada por el equipo de Página Siete en medios locales y nacionales y en el portal ¿Cuántas más?, los acusados solo tienen detención preventiva y no hay sentencias. En el restante 5% de los hechos los agresores están prófugos.

En ese sentido, las víctimas no logran justicia y los culpables quedan sin sanciones. “Es preocupante el bajo número de sentencias. Que  (los casos) queden impunes muestra la crisis del sistema de justicia en el país”, afirmó la activista Griselda Sillerico.

Cuando se denuncia hechos de violencia en un hospedaje, primero se cuestiona a la denunciante y su presencia en el lugar, lo que da lugar a una revictimización de la mujer. “Lo lamentable es que se sigue victimizando a las mujeres. Se juzga el porqué ha estado a esa hora, por qué ha estado en un motel; no se juzga la condición masculina, porque también ha estado el hombre en estos espacios”, apuntó.

Según activistas en defensa de la mujer, esta situación se debe a que el aparato de justicia en el país es todavía “machista”, a pesar de la promulgación de la Ley 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

“En estos casos, las mujeres no tienen ese derecho humano a la justicia por esta estructura judicial machista y patriarcalista. Es esta estructura colonial, que depende de un modelo y un sistema de opresión, la que provoca este tipo de hechos”, indicó la delegada departamental de La Paz del Defensor del Pueblo, Teresa Zubieta.

Según la autoridad, la permanencia de hechos de violencia en contra de mujeres se debe a la ideología machista que tiene la sociedad paceña y boliviana.

Además, no se deja a las víctimas de violencia en hospedajes acceder a la justicia, desde lo que viene a ser una respuesta justa, y existe discriminación solo por el hecho de ser mujer, sobre todo en casos de feminicidio.

“He visto que los autores tienen voz en los procesos de feminicidio. La mujer que ya no está, que ha sido asesinada, todavía se la sigue victimizando, discriminando, vulnerando y denigrando, sin respeto.

Los jueces, fiscales, los actores de la administración de justicia se dan la libertad de hacer insinuaciones, afirmaciones, dudando”, indicó Sillerico.

Así, por ejemplo, se desconoce el estado del caso de Juliana Quispe, golpeada hasta morir por su concubino en un alojamiento de El Alto en 2016. Según el sitio web del movimiento ¿Cuántas más? hasta la fecha no hay sentencia y el acusado solo tiene detención preventiva.

Falta de un enfoque de género

Según Edwin Torres, abogado y coordinador de la delegación departamental de La Paz del Defensor del Pueblo, en el aparato judicial no se cumple con la ruta crítica establecida en la Ley 348 y esto deviene en la falta de sentencias en este tipo de casos.

El especialista agregó que “se ha podido establecer y detectar algunas situaciones de no cumplimiento respecto a las instancias que deben promover esta aplicación de la norma. No presumimos que sea por algún interés, probablemente sea por falta de conocimiento. También puede haber algunos antecedentes de incumplimiento tal vez malintencionado para favorecer al agresor”.

En este sentido, en los casos identificados no existe un enfoque de género por parte de los administradores de justicia y se cuestionan más las actitudes de la víctima que las del agresor.

Según activistas, los casos de violencia en contra de la mujer tienen que tener procesos ágiles, no burocráticos. Sin embargo, no pueden hacer seguimiento debido a la poca información que las autoridades les brindan y la lentitud del sistema judicial.

Además, los casos identificados en alojamientos son precisamente los que mayor problema tienen, pues no hay una respuesta judicial efectiva y la víctima y/o su familia no pueden acceder a información completa del proceso penal.

“También hemos podido evidenciar el mucho formalismo que existe en el Ministerio Público. Si bien todas las solicitudes tienen que ser de manera escrita, no menos cierto es que el Código de Procedimiento Penal establece que el fiscal tiene autonomía funcional en el tema de investigación”, añadió Torres.

Para Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, los avances normativos en materia de lucha contra la violencia hacia la mujer, como la Ley 348, 243 y otras, son fundamentales, pero urge redoblar los esfuerzos para transformar los imaginarios socioculturales que refuerzan y reproducen la violencia hacia las mujeres.

“El avance en las políticas públicas es innegable, tenemos leyes que nos permiten avanzar en el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; pero, al mismo tiempo, la realidad nos sigue planteando que las siguen matando”, afirmó Novillo.

Para Sillerico, el problema es que las mujeres no tienen un acceso real a una justicia “neutra” y que además trabaje bajo el enfoque de género.

En este contexto, ¿Cuántas más? expone que el único caso, a nivel nacional, de feminicidio en un hotel que ha logrado sentencia desde la promulgación de la Ley 348 fue el de Katty Fabiola Pérez Cabrera, quien tenía 34 años.

Según informó el medio El País, ella estaba de viaje junto a su concubino, Jaime Ordóñez Beltrán.

Tras una pequeña discusión, éste la empujó del tercer piso del Hotel los Ceibos, de Tarija, y ella cayó y sufrió un TEC severo.

El hecho sucedió el 19 de diciembre de 2015 y el 27 de febrero de 2017  el acusado fue sentenciado a 30 años de cárcel, como estipula la ley.

Los demás casos denunciados tanto a nivel nacional como local aún esperan sentencia, en medio de una justicia machista.

Como un ejemplo del machismo al interior del aparato judicial, Sillerico recuerda que cuando se le cuestionó al juez de un caso de feminicidio de cuándo iba a emitir   sentencia, la respuesta del mismo fue: “Va a salir cuando dejen de molestar ustedes y regresen a la cocina”.

“El problema mayor de la justicia está en el proceso de investigación. Las autoridades del Órgano Judicial que investigan violencia en razón de género no están logrando manejar el enfoque de género.

Por estas razones de desigualdad la mujer lleva la peor parte y por eso hay discriminación, desigualdad, y demás”, agregó Sillerico.

Finalmente, la activista subrayó la necesidad urgente de priorizar la lucha contra la violencia de género.

 “Si la violencia no para, debería ser una acción priorizada tanto para el Estado como para las gobernaciones y municipios”, indicó.

 El acceso a la justicia en casos  de violencia de género en  Bolivia 

• Impunidad  De 87.718 casos que fueron registrados por el Ministerio Público entre 2013 y 2016, por infringir la Ley 348, sólo el 36% derivó en una sentencia.
• Feminicidios Según datos de la Fiscalía, desde 2013 hasta  2016 se han recibido 297 casos. De este total, 24 casos ya tienen sentencia condenatoria (17 por procedimiento abreviado), cinco se extinguieron por muerte del imputados y el resto de los casos se encuentra en etapa de investigación.
• Norma La tipificación de feminicidio, con su correspondiente pena máxima de 30 años de cárcel al culpable, está en vigencia con la Ley 348 desde el año 2013.
• Procedimiento abreviado De estas sentencias, una fue en La Paz, cinco en Cochabamba, cuatro en Santa Cruz, tres en Potosí, dos en Chuquisaca y dos en Beni.
• Casos Según la Encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres, elaborada por el INE y el Ministerio de Justicia, solo el 35% de los casos de violencia de género denunciados durante 2016 tienen sanción. El 8,6% está en proceso y el 56,4% no tiene sanción.