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Por mes, 25 abuelos son despojados y obligados a dar “herencia en vida”


2018-08-13
www.paginasiete.bo
Página Siete

Según funcionarios, hay hijos que llevan con engaños a sus padres a las notarías. Según un representante del sector, en comunidades del área rural, los dirigentes quitan terrenos y ganado a los abuelos.

Wara Arteaga / La Paz

“Tenía mi casa, pero la vendí y repartí el dinero a mis hijos”, cuenta Francisco, un adulto mayor que ahora vive en el centro de acogida San Martín, ubicado en la ciudad de El Alto. Sentado en un silla de ruedas y vestido con ropa muy abrigada, dice que ahora no tiene ni para comprarse un pequeña botella de refresco.

Francisco fue obligado a entregar “herencia en vida” por sus hijos, quienes luego de recibir el dinero por la venta de los bienes de su padre, se olvidaron de cuidarlo y lo abandonaron hasta la fecha sin ningún tipo de remordimiento.

La historia de Francisco es una de las decenas que se reciben y se escuchan por mes en las oficinas de ayuda a los adultos mayores, administradas por los municipios. Las cifras de estos casos crecen y “duelen”, según funcionarios que ayudan y reciben a las víctimas. En La Paz y El Alto se atendieron desde enero hasta junio 150 casos de despojo a personas de la tercera edad. En promedio, por mes, 25 adultos mayores sufren despojo o son obligados por sus hijos a dar “herencia”.

Francisco ingresó al hogar San Martín el año pasado. Fue encontrado viviendo en un sanitario en la zona de Alto Lima. “Estaba caminando y me tropecé, después ya no pude levantarme más, pero todavía puedo mover este pie (el izquierdo)”, cuenta. Ahora, por culpa de ese accidente, pasa los días en una silla rodante. Según el adulto mayor, este hecho también lo condena al aburrimiento.

El caso de Francisco es investigado por funcionarios de la Unidad del Adulto Mayor del municipio de El Alto, quienes aún no encontraron a una persona o familiar que se haga responsable de este adulto mayor. En este despacho se atienden denuncias similares de distintos lugares de la urbe alteña y de otros municipios del departamento de La Paz.

Francisco es visitado por funcionarias de la Alcaldía alteña.
Fotos: Sara Aliaga / Página Siete

“Somos un municipio de paso, por eso tenemos que cargar con casos de provincia, cuando se puede ayudar lo hacemos”, explica Sonia Limachi, responsable de la Unidad del Adulto Mayor de El Alto. Ahí llegan casos de Achacachi, Batallas, Viacha y Achocalla, entre otros municipios.

Limachi asegura que uno de los problemas más frecuentes es “lidiar” con autoridades originarias que no conocen las leyes de protección al adulto mayor.

Raquel Huanca, directora de Desarrollo Integral de El Alto, explica que frecuentemente reciben casos de personas de la tercera edad del área rural que son engañadas por sus familiares. “Los hijos venden el ganado de sus padres, ellos se aprovechan de que sus progenitores suelen olvidar las cosas”, dice.

Las denuncias de violencia y despojo a los “abuelos y abuelas” en las provincias de La Paz son las que más son atendidas por Carlos Aruquipa, ejecutivo departamental de la Federación de Adultos Mayores. “La mayoría de los casos son por abandono de parte de sus hijos, además les quitan sus terrenos, incluso llegan a la agresión física, esto con la complicidad de los propios comunarios, ellos golpean al adulto mayor. Los jueces no hacen nada en el proceso. Es una lástima llegar a la edad de adulto mayor”, resume con varios papeles en mano.

Aruquipa dice que además los adultos mayores sufren un serie de atropellos que van desde insultos hasta despojos por parte de autoridades de sus comunidades.

Los adultos mayores son víctimas además de violencia psicológica por parte de sus hijos, vecinos y autoridades. “Los mallkus les quitan sus terrenos y casas. Esto va en contra de las leyes, por ejemplo, el maltrato psicológico tiene proceso, pero la ciudadanía no respeta las leyes”, critica Aruquipa, sobre los casos en las comunidades del área rural.

“En la ley existe la figura de Deslinde Territorial, donde se explica que se debe tomar en cuenta la edad para ocupar cargos. Sin embargo, las autoridades originarias desconocen esta norma. Esta semana atendimos a una pareja de 80 años, que denunció: ‘no hay justicia’, porque su comunidad les obligaban a asumir un cargo. Nosotros mandamos una carta de advertencia, pero no es nuestra jurisdicción y en caso de que no tomen en cuenta nuestra recomendación, entonces la comunidad despojará de todas sus tierras a los abuelitos”, dice Limachi.

Un panorama similar se vive en La Paz. Alfredo Romero, presidente del Consejo Ciudadano de Personas Adultas Mayores. “En promedio son tres o cuatro personas que vienen, son de 70, 65, hasta 80 años. Las denuncias más recurrentes son: despojo y maltrato, en ese orden”, lamenta.

El Consejo del Adulto Mayor fue creado gracias a las actividades que se desarrollan en las casas comunales, enfocadas en este grupo poblacional. En estos lugares se ofrecen consultas con fisioterapeutas y se organizan talleres de bailes y ejercicios. El objetivo es dar a los adultos mayores un lugar de entretenimiento, ya que por un momento, en especial los dirigentes del consejo, buscan “olvidar las duras denuncias que reciben todos los días”.

“Recibimos muchas quejas de personas adultas mayores, que no pertenecen a las casas comunales. Vienen preocupadas para pedirnos que se les facilite asesoramiento jurídico, vienen con quejas de hijos que despojan a sus papás de sus casas o los depositan en un asilo como si fueran objetos que no sirven, otros se quejan porque son maltratados por sus propios hijos. Nos encontramos impotentes”, confiesa.

Las denuncias que llegan al Consejo son derivadas a la Unidad del Adulto Mayor de la alcaldía paceña. “Le mandamos una misiva a Rosmery Acarapi, secretaria de Gestión Social del Gobierno Municipal de La Paz, para que pueda ofrecernos un abogado con sueldo y para que pueda asesorarlos. También pedimos un psicólogo para que pueda atender estos casos que son sumamente preocupantes”, explica Romero.

“Generalmente, los casos tienen que ver con renta y abandono”, asegura directora de las Defensorías Municipales de La Paz, Jacqueline Llanos. Cuenta que en algunos casos los hijos hacen firmar documentos en blanco a sus padres para quedarse con sus bienes. Indica que otros viven con sus progenitores sólo para beneficiarse de la renta que reciben los adultos mayores. “(Otros) sólo quieren tener un bien inmueble, alquileres y demás situaciones”, añade.

“En el tema de despojo vemos cómo los hijos poco a poco se van apoderando de la casa del papá. El despojo es sutil. En la unidad lo primero que piden es orientación, hacemos citar a los implicados y vemos si se puede arreglar. Queremos que quede claro que no hay herencia en vida, los hijos piensan que ‘me tienes que dejar algo papá’, pero el papá no tiene la obligación de dejar nada a nadie”, dice.

Asegura que ahora en vez de cuidar que un adulto mayor tenga un lugar para vivir bien y cómodo, los hijos se reparten su casa. “Aprovechan cuando sus padres están en el hospital. Denunciaron que incluso llevaron al papá borracho a la notaría y los notarios son cómplices”, cuenta la funcionaria. Además hay casos en los que los hijos viven con la renta de sus padres, pues les hacen firmar un poder.

El hogar San Martín, donde vive Francisco, está ubicado en la zona San Felipe de Seke de El Alto, alberga alrededor de 43 adultos mayores. Casi todos guardan en su memoria una historia de despojo y olvido.

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