Reforma: Los gobiernos departamentales recibirán otras 23 competencias compartidas y concurrentes, haciendo un total de 59.

Aunque las nueve gobernaciones departamentales asumirán 36 nuevas competencias exclusivas dotadas por la Constitución, no recibirán mayores recursos estatales que las prefecturas y deberán asumir estas atribuciones con sus actuales ingresos y saldos de cuentas. El ministro de Autonomías, Carlos Romero, anunció ayer que no se otorgará más presupuesto a los gobiernos departamentales porque en los años anteriores los fondos asignados a éstos incrementaron, pero “no se les asignaron nuevas responsabilidades que sean acordes al crecimiento económico que han tenido”. De acuerdo con la explicación del Ministro, esto “no necesariamente tiene que ser estático y definitivo, puesto que las autonomías se verán potenciadas” con el reconocimiento de la “potestad tributaria”, es decir, con su atribución de crear tributos, que les permitirá recaudar ingresos propios. Además, precisó, van a tener la posibilidad de adoptar iniciativas y emprendimientos productivos que les permitirán mayor sostenibilidad económica. Datos de un estudio realizado por la Fundación Jubileo revelan que el presupuesto estatal que se asignó a las nueve prefecturas departamentales disminuyó en 23 por ciento entre 2009 y 2010. Es así que el Presupuesto General de la Nación de este año alcanza a 105.964 millones de bolivianos, de los cuales se destinó 12.390 millones a las regiones, lo que significa un 11,7 por ciento del total; mientras que el año pasado se alcanzó al 12,5 por ciento. El pasado domingo, ministros y viceministros se reunieron en La Paz para evaluar y consensuar las competencias y el financiamiento de las autonomías que deben ser definidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que es una de las cinco normas fundamentales que la Constitución Política manda aprobar hasta el 21 de julio. Se prevé que ésta sea presentada a la Asamblea Legislativa hasta este fin de semana. Gobernaciones como la de Santa Cruz proponen un pacto fiscal para una nueva distribución de recursos económicos para asegurar el funcionamiento de las autonomías con las nuevas competencias asignadas por la Constitución. El pedido fue rechazado por el ministro Romero porque, según dijo, “supondría revisar las asimetrías que existen entre los departamentos que participan de la renta petrolera y con relación a los que no participan o entre departamentos que más captan por distribución de coparticipación (tributaria)”. Anteriormente, en el régimen prefectural, según el ex viceministro de Descentralización y diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, al ser un nivel desconcentrado no existía una delegación “estricta” de competencias. O sea, el Gobierno central delegaba algunas funciones de ejecución en gestión pública. En cambio ahora, explicó, la diferencia es cualitativa, porque la flamante Carta Magna les otorga 36 nuevas competencias exclusivas a las gobernaciones y la facultad de legislar sobre éstas. Además de ellas, estos gobiernos departamentales recibirán otras 23 competencias entre compartidas y concurrentes, haciendo un total de 59 establecidas en la Constitución. Ésta señala cuatro tipos de competencias: exclusivas, privativas, compartidas y concurrentes. Las que no estén definidas constitucionalmente serán atribuidas al nivel central y podrán ser delegadas. Yaksic manifestó que es necesario que la Ley Marco de Autonomías establezca el alcance de todas las competencias; mientras, Romero explicó que con esta asignación de competencias se podrá ordenar el funcionamiento del Estado autonómico. “Con la Ley Marco no vamos a tener que esperar necesariamente las leyes sectoriales, entonces esto va a dar más prioridad al ejercicio de facultades en los diferentes niveles de gobierno”. Si no hay una “desagregación competencial”, precisó, se podría ingresar a un desorden institucional y legislativo, y surgir una sobreposición de competencias. Plantean ente autonómico La Ley Marco de Autonomías y Descentralización prevé la creación del Servicio Estatal de Autonomías, que será una entidad técnica para facilitar la introducción al proceso autonómico, según explicó el ministro del área, Carlos Romero. Esta instancia, que dependerá del Consejo Nacional de Autonomías, tendrá, dijo la autoridad, componentes técnicos que permitirán diseñar permanentemente directrices, herramientas institucionales de las entidades autonómicas, indicadores de medición de impacto, medición de capacidades institucionales y factores de cálculo poblacional. “Estaría pensado para cubrir estas tareas de diseño de herramientas técnicas, generación de indicadores de medición de impacto y, adicionalmente, operar en la vía administrativa la conciliación de conflictos competenciales que puedan surgir entre entidades autonómicas o entre éstas y el nivel central”. Tipos de competencias El artículo 297 de la Constitución Política del Estado (CPE) define cuatro tipos de competencias: I.- Éstas son: a) Privativas: aquéllas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega y están reservadas para el nivel central del Estado. b) Exclusivas: aquéllas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. c) Concurrentes: aquéllas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. d) Compartidas: aquéllas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo con su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas. II.- Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley.